El Ajuntament de Santa Margalida ha comenzado a 'desempolvar' expedientes de infracción urbanística que han estado paralizados en los cajones del Consistorio durante años. En el caso de que no hayan caducado (las infracciones prescriben a los ocho años) se reinician los expedientes y se notifica la correspondiente multa urbanística.
Así lo explicaron ayer el alcalde, Miquel Cifre y el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Antoni Reus, después de que Can Picafort Unit (CPU) haya insinuado una «caza de brujas» en el denominado sector 11 de Can Picafort, entorno a la Avinguda Santa Eulàlia.
«Después del inicio de expedientes de infracción urbanística en el sector 11, CPU cuestiona si el alcalde Cifre y el regidor Garrido también han recibido sus multas», dice CPU a través de un comunicado.
«Nuestro partido quiere saber si esta revisión urbanística afecta a todo el municipio o únicamente a una zona específica del pueblo. Es más, ¿hay expedientes urbanísticos para todos? ¿Para todos también incluye para nuestros gobernantes? ¿Hay multas para el alcalde, Miquel Cifre, y para el regidor de Turismo, Eugenio Garrido?», dice CPU.
El alcalde, Miquel Cifre y el regidor, Antoni Reus, aseguraron ayer que «no quedará ningún expediente en los cajones del Ajuntament».
En relación al sector 11 de Can Picafort, Reus explicó que «todo viene de una revisión de alteraciones catastrales que se inició la legislatura pasada. A raíz de esta revisión se detectan algunas obras realizadas sin permiso se tramitan los expedientes».