Es la segunda vez en dos meses que el Poder Judicial desautoriza la contundencia de las sanciones económicas interpuestas por el Ajuntament de Santanyí a los propietarios de la gravera Sa Creu SL.
La sentencia dictada ahora por el magistrado-juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, José María Abad -al igual que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Balear (TSJB) del pasado 21 de diciembre- reduce de 60.000 a 17.500 euros la segunda de las sanciones interpuestas por el Consistorio contra la mencionada sociedad por su responsabilidad en el desplome del talud de la cantera que sostenía la carretera de acceso al santuario de Consolació. En coincidencia con la sentencia dictada por el TSJB, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma califica de «desproporcionado» el importe de la multa. No obstante, la resolución del magistrado Abad -como la del Tribunal Superior, «que tiene una indudable transcendencia a los efectos del presente proceso», sostiene el juez- también pone de relieve la «clandestinidad» de la actividad extractora que se llevaba a cabo en la cantera explotada por Sa Creu SL.
La política, al margen
Asimismo, esta última sentencia advierte de que, pese a la desproporcionalidad de las multas, el procedimiento sancionador seguido por el Ajuntament de Santanyí «no incurrió en irregularidades que lo viciasen, ni han quedado acreditadas las insinuaciones (por parte de Sa Creu SL) de que la actuación administrativa tuviera origen mediato en desavenencias de tipo político». Cabe recordar que la cantera de grava es propiedad de la familia del portavoz de CxI en el pleno municipal, Gabriel Vidal.