Tras años de esperas y reivindicaciones, el Consell mueve ficha y aprueba iniciar el expediente para promover la delimitación y apeo de la carretera vieja de Lluc a Pollença y la recuperación de oficio de la posesión de la vía. En la práctica esto supone que las barreras y rejas que actualmente impiden el paso en más de treinta tramos podrían tener los días contados, ya que la recuperación de la posesión de la vía establece que se deben retirar todos los obstáculos que impiden o limitan el libre tránsito por la zona de dominio público.
Pese a que la decisión del Consell se hizo pública la semana pasada con la publicación del acuerdo en el BOIB, fue en abril cuando la institución, entonces gobernada por el Bloc y el PSOE, se pronunció al respecto. Esta medida era muy esperada por los colectivos ecologistas y pro caminos públicos, que instaban al Consell a actuar después de que en mayo del 2007 la institución insular incluyera la carretera dentro su catálogo de bienes públicos y reconociera, por lo tanto, que la vía es pública.
Conflicto
Caterina Amengual, la que fuera directora insular de Medi Ambient cuando se aprobó iniciar el expediente, explica que «cuando el Bloc se hizo con la gestión del departamento de Medi Ambient nos encontramos con que era un tema caliente y decidimos actuar, ya que aunque la titularidad del camino era clara, estaba pendiente delimitar la orografía de la vía, motivo de conflicto entre algunos propietarios de fincas».
Amengual asegura que «pese a que el inicio del expediente se aprobó en abril se ha trabajo antes y después en la materia». De hecho, la ex directora insular de Medi Ambient sostiene que mientras estaba en el cargo se puso en contacto con los propietarios de las fincas que colocaron vallas y rejas para impedir el paso para explicarles la nueva situación e instarles a retirar las barreras.
Amengual considera que «no se deben hacer distinciones entre propietarios y que el Consell debe ser firme y velar para que todas las barreras que hay en la vía sean eliminadas».
Joan Ramon Bosch, portavoz de la Plataforma Pro Camins Públics Oberts, se muestra «satisfecho» con la decisión del Consell ya que cree que «es un paso adelante que se ha alargando demasiado en el tiempo y ata jurídicamente las manos al Govern actual, que no se puede echar atrás, aunque sí puede alargar un poco el procedimiento».