La plataforma de afectados por la Ley de Costas en Mallorca sigue haciéndose oír en Bruselas. Sus responsables han conseguido concertar para el próximo 6 de octubre una reunión a tres bandas con los miembros de las comisiones de Peticiones, Europea y de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Según Joan Cirera, portavoz de la asociación de afectados -que reúne ya a unas 40 familias mallorquinas-, la Ley de Costas «conculca derechos universales/fundamentales y principios jurídicos como la propiedad privada, la seguridad jurídica y principios de igualdad».
Arbitrariedad
Cirera denuncia que la aplicación retroactiva de una ley, como la de Costas, aprobada a finales de los años 80 provoca un inseguridad jurídica «brutal», al tiempo que su aplicación «arbitraria» hace saltar por los aires cualquier principio de igualdad, «ya que los deslindes no afectan a todos por igual en función de lugares, personas, colores políticos, etc».
El representante de los afectados por la Ley de Costas carga también contra la empresa pública Tragsa encargada de realizar los deslindes y después gestionar el dominio público.
A juicio de Cirera, «esta empresa no tiene derecho a realizar tales estudios técnicos de deslinde, ni ha realizar los proyectos dentro de dominio público, ya que éstos deberían salir a concurso para que otras empresas puedan optar a estos trabajos y, por tanto, estos estudios se realicen con la mayor objetividad posible», señala.
Finalmente, Joan Cirera alerta de la imagen de «república bananera» que nuestro país proyecta al exterior debido al alto índice de inseguridad jurídica que genera el Estado. «Las agencias inmobiliarias europeas no quieren comprar propiedades en España por miedo a la confiscación de la Ley de Costas», asegura.