La Asociación de Vecinos, Usuarios y Consumidores de ses Salines ha denunciado ante la Delegación de Gobierno el incremento salarial de los funcionarios del Ajuntament aprobado por el pleno de día 3 de noviembre de 2010, siendo alcalde Bartomeu Lladonet (UM), en pacto con PSOE y NIL. La medida que choca con los Presupuestos Generales del Estado que obligaron a una rebaja de los sueldos de todos los funcionarios del Estado español como medida anticrisis.
En dicha sesión plenaria fue aprobada la aplicación de los acuerdos de la mesa de negociación del personal funcionario de 29 de diciembre de 2008. Votaron a favor PSOE-Progressistes, UM y PP, mientras que NIL -en el gobierno local- y SU se abstuvieron y expresaron su desacuerdo con este punto.Así, se aprobó un aumento del precio por hora extra según la categoría y dependiendo de si realiza en horario diurno, nocturno o festivo oscilando entre los 16 a los 38 euros en el primer caso y entre 20 y 51 en el segundo. En el documento se alega que «el precio no se ha actualizado desde hace mucho tiempo».
Complementos
Además, el alcalde propuso un incremento en 80 euros al mes en el complemento específico para los policías locales, al aumentar la jornada laboral de los policías locales en dos horas y media a la semana, además de 285 euros brutos por un complemento de nocturnidad.
En la denuncia presentada ante la Delegación de Gobierno, el presidente de la asociación, Jaume Pou, explica que «dada la situación económica por la que atraviesa el país, el Gobierno de España decidió la rebaja de los salarios de los funcionarios, otro tipo de acuerdos en materia retributiva y pendientes de su desarrollo/aplicación total o parcial también han sido congelados». Pou apunta: «Entendemos que este tipo de medidas son de aplicación para todas las personas que trabajan para las diferentes administraciones, sea cual sea su ámbito. estatal, autonómico o local».
De esta manera, «la decisión de dicho pleno no va en la línea de ahorro y austeridad en el sector público decretada por el Gobierno, además de ser totalmente insolidaria y falta de sensibilidad hacia el resto de ciudadanos, tanto si estos son funcionarios o no lo son».
Por todo ello, la Asociación de Vecinos, Usuarios y Consumidores de ses Salines, con su presidente Jaume Pou a la cabeza, esperan la intervención inmediata de la Delegación de Gobierno de las Illes Balears, organismo que vela por el cumplimiento de las directrices del Estado ya que consideran que la medida aprobada por el Ajuntament «está fuera de la actual Ley».