Los chiringuitos playeros de madera de Alcúdia, tal y como hoy los conocemos, tienen sus días contados. La Demarcación de Costas de las Balears obliga al Ajuntament a adaptarlos a la nueva Ley de Costas a partir de la temporada 2011, limitando su superficie a 150 metros cuadrados, aproximadamente 50 metros cuadrados menos de lo que ocupan actualmente.
El Ajuntament d'Alcúdia ultima estos días la redacción de un nuevo proyecto que presentará a Costas con el objetivo de obtener la autorización pertinente para desmontar los actuales chiringuitos de madera y sustituirlos por modernas instalaciones de hormigón blanco y cristal cumpliendo con los nuevos límites que marca la Ley. Si obtienen la pertinente autorización, los nuevos chiringuitos comenzarán a operar en el verano de 2011.
Ocupación
La guerra de Costas contra el exceso de ocupación en las playas ya dio un primer avisto en la zona noviembre de 2009 con el derribo de la terraza de un chiringuito privado en el Port d'Alcúdia que carecía de la correspondiente autorización. En el caso de los chiringuitos de madera, el Ajuntament d'Alcúdia tiene la concesión para explotar las instalaciones desde el verano de 2007.
Se trata de un caso ciertamente insólito ya que a diferencia del resto de la Isla donde los ayuntamientos cobran desde hace años por la explotación de las instalaciones, en Alcúdia desde 1982 y hasta el año 2007 los derechos de explotación de los balnerarios recaían en la empresa privada Texplaya, que obtuvo durante 25 años la concesión de Costas por lo que, a excepción de los últimos tres años, las instalaciones de madera nunca han dado beneficios a las arcas municipales.
Tras una intensa lucha por recuperar la concesión de los chiringuitos de la playa, el Ajuntament d'Alcúdia obtiene desde el año 2007 unos ingresos anuales aproximados de 300.000 euros por la explotación de los seis balnearios que pone en manos de empresarios privados a través del correspondiente concurso público.
El anterior concesionario de los chiringuitos fue expedientado por Costas porque intentaba cobrar a los turistas por utilizar los baños, cuestión que pudo resultar vital a la hora de que Costas decidiera no renovarle la concesión y resolver la solicitud a favor del Ajuntament d'Alcúdia.