Medio Ambiente no actuará en el caso de la piscina de Pedro J. hasta que no se pronuncie el Supremo

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Putxeu afirmó ayer que la Administración «ha actuado en todo momento conforme a derecho y con el objetivo de garantizar el uso público del dominio público marítimo terrestre» en relación a la concesión de la gestión de la piscina de Pedro J. Ramírez. Si bien, puntualizó que «lo procedente es esperar a las decisiones judiciales que marcarán el camino a seguir». Así se pronunció este alto cargo en el Senado en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para responder a la pregunta planteada por el senador del Grupo Mixto Pere Sampol que se interesó por las acciones que tiene previsto emprender el Gobierno para restituir el dominio público en el lugar que ocupa la piscina ubicada en la Costa de los Pinos.
Putxeu confesó que no rehuía porque «es mi obligación como miembro del gobierno atender su demanda» y declaró que este asunto «todavía está en sede judicial donde corresponde dilucidar esta cuestión por más que la actuación de la administración ha sido en todo momento apoyada por los servicios jurídicos del Estado. Por lo que no ha habido improvisación».
Sentencia
El secretario de Estado explicó que la sentencia de 14 de mayo de 2009 de la Audiencia nacional «estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal y de alguna manera, ratifica la suspensión de uso público y de la zona de dominio público marítimo terrestre objeto de la concesión acordada por esa Orden Ministerial de 17 de mayo de 2005 y que aprueba el proyecto de uso público de la piscina en la concesión de referencia». Asimismo, Putxeu recordó que dicha sentencia «estima solo en parte el recurso contencioso administrativa interpuesto por la representación procesal del mismo actuante Jaume Sastre que anula la orden ministerial de 17 de mayo de 2005 y ha sido recurrida por la parte recurrente» y señaló que ante el recurso de casación interpuesto en el Supremo «nadie ha suscitado la ejecución provisional de la sentencia por lo que en principio no se debe ejecutar la sentencia hasta que sea firme».
Objetivo
Por otra parte, Putxeu manifestó que este asunto es «un objetivo de la Secretaria General del Mar» que se ha propuesto «preservar y garantizar el uso público en dominio público marítimo terrestre». A este respecto, informó que la Dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar instó el proyecto de uso público de la piscina con fecha 30 de julio de 2008 y detalló que el proceso de regularización de uso público se presentó el 21 de diciembre de 2005 para abrir este uso a colectivos reducidos de estudiantes en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre con monitores.
Por su parte, el senador del Bloc per Mallorca, Pere Sampol calificó este asunto de «magnífico guión de lo que sería un extraordinario sainete que rozaría el esperpento y que en estos momentos está en sede judicial por decisión de la Administración». El parlamentario mostró su indignación contra el Ministerio y aclaró que «el tema está recurrido y el recurso contra la orden ministerial se estimó en parte y se suspendió. El Supremo suspendió la concesión y el Ministerio tiene recurrida esta suspensión por un recurso. Por tanto, hablamos de un tema indignante que podría estar resuelto si el Ministerio no hubiera recurrido». Sampol recordó la situación de Can Ganxo en Cala Tuent «piden hacer unas reformas y con el mismo expediente, les deniegan la obra y les ordenan la demolición con cargo a los particulares de 300.000 euros». Sampol solicitó más cordura al secretario de Estado porque «hay dos varas de medir».