La ordenanza municipal de contribuciones especiales para los propietarios de la urbanización s'Estanyol, aprobada en 2006 por el Ajuntament y recurrida en los tribunales por un tercio de los afectados, toma ahora una vía de enfrentamiento directo con la municipalidad al serles exigido en vía ejecutiva del Govern los pagos de unas cantidades que tienen avaladas a la espera de fallo judicial.
Más de un centenar de vecinos de la urbanización S'Estanyol están intentando ser recibidos, a través de su abogado, por el responsable de la Recaudación Ejecutiva de Balears, organismo que les requiere para pagar parte de las contribuciones especiales por la instalación de la red de saneamiento, las cuales tienen recurridas ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
Resolución
Los afectados sostienen que una resolución del Ajuntament de Llucmajor de 19 de noviembre pasado, paraliza esos pagos hasta que haya una sentencia, dado que los demandantes aportaron en su día a la Tesorería municipal «garantía adecuada y suficiente para garantizar el principal y los intereses de la deuda recurrida».
El abogado José Carrillo, del bufete Estudio Jurídico Balear SL, que representa a los afectados, señaló ayer a este diario que su sensación «es de total perplejidad», al tener constancia del requerimiento de pago por la vía ejecutiva balear, «que sólo podría haber sido instado por el mismo Ajuntament que hace unos meses reconoció tener garantía suficiente con los avales depositados por los recurrentes».
El letrado Carrillo señaló también que la vía recaudatoria ejecutiva se dirige a cuentas corrientes de las personas, «cuando en procedimiento administrativo de estas características partimos de la caución sobre sus bienes, que son en definitiva los referentes de una contribución especial para su mejora».
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