Los ayuntamientos de Mallorca deberán modificar 95 de sus ordenanzas municipales para adaptarse en conjunto a la Directiva Europea de Servicios, que entrará en vigor el 1 de enero de 2010, y que entre otras medidas elimina trabas para apertura de superficies comerciales e industriales y simplifica los tramites burocráticos para autorizarlas.
Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por una consultora externa para la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib) e impulsado desde el Centre Balears Europa, destinado a identificar y evaluar la situación de las ordenanzas municipales con respecto a la futura legislación europea, la cual será traspuesta a la nueva Ley de Comercio autonómica, que se aprobará antes de final de este año.
En el acto de presentación del estudio, celebrado ayer en la sede palmesa de la Felib , la consellera balear de Comerç i Indústria, Francesca Vives, resaltó que «la Directiva es una oportunidad única de modernización para simplificar unos procesos que frecuentemente están demasiado burocratizados», y que dará como resultado «la transformación de la Administración en un organismo ágil al servicio del ciudadano».