GUILLEM MAS
El pleno del Ajuntament de Manacor aprobó ayer la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Consell de Mallorca por la revocación de una serie de subvenciones por valor de poco más de 600.000 euros, referentes a obras ejecutadas en el Pla d'Obres i Serveis entre los años 2002 y 2005. Un montante que la institución insular no piensa abonar al Consistorio al considerar que las obras no se han certificado debidamente.
De esta manera, el alcalde Antoni Pastor cumplió con su amenaza de llevar a los tribunales al organismo insular si no efectuaba el pago de las subvenciones, una decisión que sólo contó con el apoyo del equipo de gobierno PP-AIPC ante la abstención de la oposición, alegando «dejadez en la gestión».
La portavoz del PSOE, Júlia Roman, afirmó que «al ser un tema técnico preferimos no posicionarnos, pero el Consell necesita las certificaciones firmadas y correctas para abonar el pago».
Desde la coalición nacionalista PSM+Esquerra+Verds, Joan Llodrà, defendió su abstención, aunque a la vez mostró su apoyo a que el dinero de las obras subvencionadas sean abonadas al Ajuntament. Francesc Mateu, de ALM-UM, matizó: «No votaremos a favor, ya que no podemos firmar un papel blanco. Nos encontramos ante un hecho histórico, ya que se reclaman facturas pendientes de hace seis años, algo insólito si se tratara de una empresa privada». Desde ALM-UM también se criticó que «la hipocresía del PP que reclama el dinero de estas subvenciones y luego no vota a favor de cambiar el césped en el campo de fútbol de Na Capellera».
Por su parte, el alcalde Antoni Pastor y el delegado de Urbanismo, Bernat Amer, defendieron el pago de las subvenciones ya que «las obras están ejecutadas, los ciudadanos las disfrutan». Y lamentaron que por cuestiones técnicas el Ajuntament deba interponer un contencioso contra el Consell para «cobrar lo que nosotros ya adelantamos y pagamos».
Pastor volvió a criticar duramente al Consell de Mallorca al que acusó de ir en contra de los intereses de Manacor y dejó entrever una persecución política contra su persona al no ser del mismo color político que el de la institución insular. Roman retó al alcalde Pastor a denunciar su 'persecución' ante la Fiscalía si cree que puede demostrarlo.
Con todo, el alcalde acusó a la oposición de «votar primero a favor de que los técnicos de las dos instituciones estudiasen el tema para que nos abonaran lo que nos deben, y hoy -por ayer- se abstienen y no votan a favor de conseguir el dinero».