El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, dirigió ayer su interrogatorio a los testigos del juicio por el 'caso de las facturas de Llucmajor' a evidenciar que las empresas de mediación de espectáculos, creadas por María del Amor Aldao -y en alguna de las cuales tenía amplios poderes Joaquín Rabasco-, facturaban al Ajuntament unas cantidades para contratar en verbenas a artistas sin especial renombre que no se correspondían con sus honorarios habituales de mercado en los años 2000 y 2001.
Carrau preguntó ayer a los hermanos Francesco y Carmelo Inmorlano, del dúo Bruno y Lino, si cobraron por un concierto en Llucmajor los cerca de 2 millones de pesetas que percibió por su contratación la empresa mediadora de Aldao, a lo que respondieron, «¿Usted cree que somos los Rolling Stones?», y «¡Pero si no he visto en mi vida tanto dinero!», respectivamente.
Carmelo Inmorlano reconoció, a preguntas del fiscal, que conocían a Joaquín Rabasco «quizá desde hace 25 años, cuando era agente de policía», y tanto él como su hermano cifraron en no más de 250.000 pesetas de 2000 y 2001 lo que percibían por actuación «cuando éramos no sólo nosotros sino otras cuatro personas más en el escenario». Con posterioridad a ese «suceso» artístico tan favorable en apariencia para el dúo, Carmelo estuvo en nómina de una de las empresas de Aldao, donde percibía mensualmente no más de 1.200 euros, según su propio testimonio.
En la sesión judicial de ayer un agente de la Policía Nacional adscrito a la UDYCO de Balears, que investigó el asunto a instancias del juez de instrucción de la causa, testimonió que del rastreo del dinero pagado por el Ajuntament de Llucmajor a empresas lideradas por Aldao se dedujo que prácticamente en su totalidad fue a parar a cuentas bancarias de Rabasco y de la mercantil de un hijo suyo, constatándose también que la empresaria -cuyos tráficos mercantiles únicamente fueron como proveedora para ese municipio mallorquín-, había llegado a retirar en una sola jornada de una de sus cuentas bancarias hasta 18 cheques al portador de menos de 500.000 pesetas cada uno, que entonces no necesitaban identificación del receptor.
En su turno de interrogatorio el letrado de Aldao, Eduardo Valdivia, interpeló al investigador del Grupo de Blanqueo y Delitos Monetarios en el sentido de que si no había llamado su atención que las cantidades que la empresaria endosaba a Rabasco eran las mismas que ella percibía del Ajuntament de Llucmajor por prestación de servicios, lo que abundaba en la tesis del letrado de que tal tráfico monetario no fue sino la devolución de meros préstamos personales entre los ahora imputados.
El agente indicó que el grupo policial especializado se limitó en la pesquisa al cumplir estrictamente los mandamientos del juez instructor de la causa.