Las antenas de telefonía provocan quejas en Bahía Grande. Hasta hace unos meses protestaba un grupo de vecinos contra una instalación situada cerca del colegio. El Ajuntament cerró el dispositivo esta semana mediante un decreto del alcalde y, desde entonces, han recibido numerosas quejas de residentes en la zona que se han quedado sin cobertura.
El Ajuntament de Llucmajor detectó que una antena carecía de licencia y el alcalde, Lluc Tomàs, firmó un decreto para paralizar las emisiones. La instalación está a nombre de Telefónica, pero desde ella emitían los tres operadores. Aunque la empresa recurrió el cierre ante los tribunales, la semana pasada el juez rechazó el recurso y entonces se hizo efectivo el cierre, ya que el Consistorio ordenó a Gesa cortar la electricidad al aparato, que no emite desde el miércoles.
De forma paralela, el Ajuntament ha elaborado un catálogo con las antenas que existen en el municipio de cara a elaborar una nueva ordenanza. El concejal de Urbanismo, Joan Jaume Mulet, explica que en abril solicitaron al Govern una copia de los planes de implantación que la institución autonómica aprobó para las distintas operadoras. Desde la dirección general de Telecomunicaciones se envió hace unas semanas un listado en el que constan 57 emisoras autorizadas en el término municipal de Llucmajor. Lo que no envió es información detallada de cada una de las antenas, ya que son «confidenciales», según el Govern. Que estén autorizadas no implica que estén funcionando ahora mismo, algunas están en período de tramitación todavía.
Con esta información, el Ajuntament está elaborando ahora una ordenanza que regule las antenas en el municipio. Joan Jaume advierte que tiene una limitación clara: la regulación corresponde al Govern y el Ajuntament no puede impedir que se coloquen instalaciones que están aprobadas dentro de los planes de implantación. Lo que pretende el Ajuntament es obligar a los operadores a compartir mástiles y a paliar el impacto de los dispositivos. Así, pone como ejemplo lo que ha ocurrido en municipios que han prohibido antenas en suelo urbano y que han visto como sus ordenanzas eran invalidadas por la vía judicial tras ser recurridas por los operadores.