Carlos Delgado da una nueva vuelta de tuerca para erradicar a los tiqueteros. Tras cobrar a algunos bares hasta 300.000 euros por multas relacionadas con los relaciones públicas de los locales nocturnos, ayer el pleno aprobó sólo con los votos del PP sanciones de hasta 30.000 euros a quien publicite un local ya sea con folletos o en voz.
Mediante una modificación de la Ordenanza Municipal de Publicidad, el PP ha suprimido cualquier tipo de publicidad dinámica, en cualquier zona pública. La medida también se aplicará a las terrazas privadas de los establecimientos de uso público. La presencia de tiqueteros es calificada como falta «muy grave» y conllevaría sanciones de 6.000 a 30.000 euros.
El concejal socialista Francisco Cano criticó que Delgado adoptara esta medida sin ningún tipo de consenso con el sector. Además, afirma que se trata de una decisión que «desampara» a los establecimientos de segunda y tercera línea.
Por su parte, el portavoz de UM, Isidro Canyellas, también incidió en la falta de consenso de la medida y afirmó que «no se puede hacer pagar a justos por pecadores y quienes salen perjudicados son quienes han cumplido la ley». Otro de los puntos de crítica de la oposición es «lo desproporcionado» de las sanciones, que también implican la posibilidad de cierre de locales. Canyellas considera que los criterios para aplicarlas son ambiguos. Por su parte, la primera teniente de alcalde, Teresa Martorell, justificó que la medida estaba en el programa del PP.
El pleno aprobó por urgencia una moción que libera al consorcio para el Centro de Tecnificación de parte de sus competencias, ya que el Govern aún no ha nombrado al gerente del centro.
También aprobó, en este caso, con consenso de todos los grupos la propuesta del grupo socialista para que el Ajuntament aporte a los vecinos de Galatzó la misma cantidad que el resto de administraciones para completar el ARI. De esta manera, se asumirá todo el coste de la urbanización que quedaba pendiente. Por último, el pleno aprobó la cesión de una parcela de una hectárea para que el Santa Ponça Country Club construya un aparcamiento que será de uso público. El PSOE pidió que se estudie si es necesaria toda esa superficie, ya que se trata de una zona arbolada.