La orden de cierre que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la fábrica de hormigón Son Figuerola afectará a más de cincuenta familias y empresas auxiliares del sector de la construcción. Antes del próximo viernes, los responsables de la empresa presentarán en el Ajuntament de Lloseta las alegaciones que consideren oportunas contra esta decisión que el alcalde Bernat Coll deberá resolver.
El secretario de industria de Pimen, Carlos Miranda, de la que es asociada la planta de Son Figuerola, aseguró ayer que «la ejecución provisional de cierre afectará a más de cincuenta familias y a otras empresas auxiliares del sector, lo que supone algo irreparable». Carlos Miranda entiende que «esto es una batalla comercial por el monopolio del cemento de la Isla que está liderado por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) que defiende los intereses de una de sus empresas asociadas».
Miranda, en representación de la empresa, explica que la actuación del Ajuntament, que el pasado viernes notificó la orden de clausura, ha sido correcta al ejecutar la sentencia. La empresa acata la sentencia pero no está de acuerdo en algunos términos: «Entendemos que se tendría que haber dictado sentencia y dejar el caso a la audiencia superior para que dirimiera el litigio», especificó.