El secretario del Ajuntament de Petra, Francisco González, ha dirigido un escrito al alcalde del municipio, Joan Font (PSM), en que denuncia «tratos vejatorios, desconsiderados e incorrectos por parte de políticos y empleados nacionalistas» y que, por ese motivo, «ante cualquier tipo de agresión psíquica» adoptará una serie de medidas de «autoprotección personal». Entre las medidas que reseña en su escrito figura la de «dejar de utilizar el catalán en mi puesto de trabajo y utilizar en todo momento, única y exclusivamente el español, de palabra y por escrito». El secretario municipal -que mantiene un contencioso con la corporación por desatender, ésta, un informe médico y no seguir las recomendaciones sobre prevención de riesgos laborales- denuncia que está siendo víctima de un caso de «terrorismo laboral» y que si éste no cesa dará a conocer «con nombres y apellidos» a sus responsables y «al partido que les da cobertura».
Ultima Hora se puso ayer en contacto con el domicilio del alcalde de Petra para ofrecer su versión sobre los hechos, pero éste estaba ausente. Quien si accedió a comentar el asunto fue el portavoz del PSM en el Parlament, Pere Sampol, quien manifestó que «desde que ganó la plaza han existido problemas con el secretario a causa de su ineptitud de su militancia antimallorquina». Petra es uno ayuntamiento gobernado por los nacionalistas del PSM y que ha puesto en marcha una serie de medidas que el propio secretario ha cuestionado. La más reciente, la puesta en marcha del llamado carnet de petrer, una tarjeta que permite descuentos en diversas instalaciones municipales. El secretario cuestionó que la concejala de Bienestar Social pueda otorgar este tipo de documento.
El PP ha tomado cartas en el asunto y ayer, un concejal de este municipio que también es diputado (y que también se llama Juan Font, como el alcalde) explicó que su partido ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra dicho documento. Según el recurso «se deja en manos del concejal de turno conceder ecarnet de petrer sin ningún tipo de criterio, lo que puede generar nuevas discriminaciones» que podían ser anticonstitucionales. El Partido Popular no descarta llevar este asunto al propio Parlament balear.