Treinta y cinco científicos e investigadores de las Islas han dado soporte a un manifiesto promovido por el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), en el que se alerta de los riesgos ambientales de la regeneración artificial de las playas, que «puede suponer la destrucción de las praderas de Posidonia, las reducción de las pesqueres y la alteración de la granulometría de las playas».
El manifiesto pone de relieve que las aportaciones de arena de los fondos marinos no resuelven el problema de la estabilidad de las playas y comporta gravísimos riesgos. «Cualquier actuación es inútil sin suprimir todos aquellos impactos de origen antrópico que precisamente están provocando la pérdida de la estabilidad de la playa y su retroceso».
Joan Rita, presidente del GOB, e Isabel Moreno, directora del departamento de Biología de la UIB, presentaron ayer el manifiesto con el que pretenden aclarar «lo que piensa el mundo de la ciencia» sobre las actuaciones que ejecuta actualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Los científicos e investigadores firmantes pertenecen al Centre Oceanogràfic de les Balears, al Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea), Centre d'Estudis Avançats de Blanes, de los departamentos de Biologia y Ciències de la Terra de la UIB y de la Direcció General de Pesca del Govern.
En concreto, del Imedea, entidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente, se han adherido seis investigadores, entre los que se encuentra también Beatriz Morales, directora del departamento de Recursos Naturales. La Demarcación de Costas de Balears se ha servido de estudios del Imedea para ejecutar los proyectos de extracción de arena. El GOB criticó ayer la utilización «perversa» que se está realizando de este organismo e instaron a Costas a hacer públicos los estudios que realiza este instituto. Isabel Moreno, que también forma parte del Imedea, aseguró que «se ha creado una confusión mediática importante. Los informes se están utilizando de forma caótica».
Los científicos e investigadores exigen un plan de gestión integral de las playas, en el que se impliquen todas las administraciones. Además, consideran que todos proyectos tienen que ser públicos para ser analizados por los sectores sociales afectados. «Tratar las playas de forma individual no es válido, es necesario una ordenación global. Tratarlas con prisas desde un punto de vista de político es peligroso», expuso la bióloga Isabel Moreno.