La sentencia judicial que condena al Ajuntament a cerrar las dependencias de la policía por carecer de licencia y a indemnizar por problemas de ruido a un vecino del local es de las más importantes dictadas en Balears en materia de ruidos y derechos fundamentales del ciudadano. El abogado del vecino afectado, Josep Alonso, dijo no conocer ninguna otra sentencia ni del Tribunal Supremos ni de otros Tribunales Superiores que fijen una indemnización similar a la fijada en el caso de su cliente. Alonso explicó ayer a Ultima Hora que el caso de la familia Lozano es el mismo que el de miles de ciudadanos que padecen molestias por ruidos y, en este sentido, recordó los problemas registrados en la Lonja de Palma.
Asimismo, puso de manifiesto las causas que provocaron que su cliente, Francisco Lozano, acudiera a los Tribunales para solucionar los problemas de ruido que sufre su familia hace años. En este sentido, el abogado destacó que «mi cliente tuvo una paciencia extraordinaria pero la inactividad total y absoluta del Ajuntament para tratar de solucionar su problema le obligaron a recurrir a la justicia». Por otra parte, lamentó que desde el Ajuntament se plantee apelar la sentencia en lugar de tratar de solucionar cuanto antes un problema que, ha quedado demostrado, lesiona los derechos fundamentales de un vecino.
El regidor de policía, Joan Deus (PP), manifestó que «hablar de cerrar las dependencias es muy delicado». Deus dijo que técnicos y abogados municipales están estudiando el problema y la manera de adecuar el local de forma que deje de provocar problemas de ruido al vecino y se le pueda otorgar licencia de actividad. El regidor de policía también recordó que la intención del Ajuntament es recurrir la sentencia y aseguró que está previsto que el alcalde se reúna hoy con los técnicos y abogados municipales para buscar solución al problema.