El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma inició ayer la investigación judicial derivada de la querella criminal presentada por la Fiscalía de delitos ecológicos contra los socios de la asociación de Astracoma, a los que acusa de verter escombros de forma indiscriminada en la cantera de Can Set, en Llucmajor. Se trata de una querella en la que el fiscal implica a 20 empresarios que forman parte de esta asociación de transportistas.
El juez había citado a declarar a ocho de los querellados. Sin embargo, esta declaración quedó aplazada porque el juzgado no recibió hasta el día de ayer el expediente que ha tramitado la Conselleria de Medi Ambient, que prohibió que se arrojaran escombros en este espacio de Llucmajor. El magistrado Juan Manuel Sobrino consideró que tanto el fiscal como los abogados de la defensa debían estudiar este expediente administrativo, antes de tomar declaración a los querellados.
El fiscal Adrián Salazar, responsable del área ecológica, pidió al juez que, al margen de esta toma de declaración, ordene la paralización inmediata de los vertidos que continúan arrojándose a la cantera de Can Set. El juez aún no se ha pronunciado, pero se prevé que lo haga en los próximos días. El juzgado anunció ayer a los socios de Astracoma que debían presentar una fianza civil de 128 millones de pesetas. Esta es la cifra que reclama la Fiscalía, porque coincide con el presupuesto que se ha elaborado para reparar los daños ecológicos que se han cometido en esta cantera.
Esta es la querella más importante por un delito ecológico presentado hasta la fecha en los juzgados de Mallorca. El fiscal Salazar quiere demostrar que estos transportistas se han dedicado en los últimos meses a arrojar escombros en la cantera, sin realizar una selección previa de los materiales que se arrojaban. Esta actividad ha supuesto que en la cantera se produzcan, amén de una olor casi insoportable para los vecinos, numerosos incendios. Se han mezclado escombros de construcción con otros restos.
Beneficios millonarios por falta de
selección
El fiscal Salazar sostiene que los transportistas se han dedicado a
arrojar vertidos en esta cantera sin realizar ninguna labor de
selección. De esta forma, los escombros de construcción se han
mezclado con otros restos, como pueden ser plásticos, neumáticos o
maderas. Esta mezcla, a juicio de los expertos, produce un proceso
de fermentación que emite un fuerte hedor. La Fiscalía asegura en
su querella criminal que los socios de Astracoma han incumplido la
orden que les impedía arrojar estos escombros. Adrián Salazar hace
hincapié en que los transportistas han obtenido con esta actividad
beneficios millonarios, que lógicamente se habrían reducido si se
hubiera iniciado este proceso de selección, tal como ellos mismos
se comprometieron al pedir la autorización para arrojar estos
escombros.