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Marratxí

El Consell exige a Marratxí asumir las indemnizaciones para proteger es Caülls

PP y UM votaron suspender la desclasificación, lo que ha provocado la indignación de PSM, PSOE y EU-EV

Antich alabó hace unos meses la iniciativa del Ajuntament de Marratxí de proteger 620.000 metros cuadrados de es Caülls. Foto: JAUME MOREY

CARMEN RUIZ/GAM/M.B.
La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca aprobó ayer suspender la desclasificación de es Caülls hasta que el Ajuntament de Marratxí en pleno acepte la asunción de responsabilidades en caso de pago de indemnizaciones. Unió Mallorquina (UM) volvió a desmarcarse de sus socios de gobierno (PSM, PSOE y EU-Els Verds) y votó, junto con el PP, una propuesta sin precedentes de no seguir adelante con la modificación del planeamiento hasta tener la certeza de que el organismo insular no asumirá las posibles indemnizaciones.

Miquel Àngel Grimalt, director insular de Urbanisme, argumentó que el planeamiento de Marratxí sufrió modificaciones en los años 1999 y 2000 y «en ninguna de dos ocasiones, recientes todavía, se planteó la declasificación de es Caülls lo que pudo generar expectativas en la promotora». En este caso, según Unió Mallorquina, «es casi seguro que habrá algún tipo de responsabilidad» y es el Ajuntament el organismo que debe asumirla porque fue iniciativa suya la desclasificación.

La Comissió Insular d'Urbanisme no aceptó el acuerdo de la comisión de gobierno del Ajuntament de Marratxí de asumir la responsabilidad económica en caso de que la haya y exigió que el acuerdo se tome en sesión plenaria.

La resolución de la comisión no sentó bien a los socios de gobierno PSM, PSOE y EU-Els Verds, que consideraron que se deja a los ayuntamientos indefensos a la hora de enfrentarse a una desclasificación para proteger el territorio. «Es un acuerdo desafortunado. Es la primera vez que el Consell alega que no aprueba una desclasificación porque le puede repercutir gastos», aseguró el nacionalista Antoni Alorda. «No entendemos esta decisión, porque puede desanimar a los ayuntamientos a emprender acciones de protección en un momento en que se plantea el cambio de urbanístico».

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