Agentes de la Policía Local de Sóller con el sargento Miquel Quetglas al frente ejecutaron sobre las 11.00 horas de ayer el decreto de Alcaldía firmado instantes antes por el batle ordenando el precinto de actividad de Suliar, en cumplimiento de la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma. Este segundo precinto ha provocado un mayor efecto que el primero, pues ahora la sensación de preocupación es más profunda.
El gerente de la cooperativa, Marcel·lí Rullan, se negó como hizo el mes pasado a firmar la orden de cierre y luego informó a sus empleados, socios y clientes del cese de la actividad del almacén de materiales de construcción. La orden judicial responde a las denuncias presentadas por un grupo de vecinos, hartos de aguantar las molestias que produce una industria de estas características en un lugar calificado como suelo rústico en el que abundan las viviendas. El portavoz de Suliar ha anunciado que la empresa presentará un nuevo recurso.
El alcalde, Joan Arbona, también expresó su preocupación ante este nuevo cierre. El primer precinto fue levantado al aceptar el juez el recurso de la cooperativa. Ahora, el batle ha solicitado una reunión con carácter de urgencia con la presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, para tratar la posible concesión de la declaración de interés general provisional para las empresas ubicadas en suelo rústico mientras se busca la solución definitiva.