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Manacor

La Fundación Hospital de Manacor es «ilegal» al no estar inscrita en Balears

El Govern ha invitado varias veces al Ministerio y al Insalud a corregir este defecto, pero no lo acepta

La Fundación Hospital de Manacor se constituyó en 1997 y ha sido registrada en el Ministerio de Sanidad.

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La Fundación Hospital de Manacor, según un informe realizado por los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma cuando el PP aún estaba en el Govern, estaría en situación «ilegal» en cuanto que no ha sido inscrita como tal en el Registro de Fundaciones de Balears. Pese a ese informe, el Ejecutivo autonómico de entonces no actuó para corregir este defecto. Dicho informe se realizó a petición de la Conselleria de Presidència, que dirigía Rosa Estaràs, tras la denuncia del Sindicato Médico, quien solicitaba, además, «el inicio de oficio de las actuaciones legales correspondientes para la debida inscripción de la misma (está inscrita en Madrid)».

Ya con el Govern del Pacte de Progrés se decidió actuar y en febrero del pasado año, la Conselleria de Presidència remitía sendos escritos al entonces presidente de la Fundación Hospital de Manacor, Alberto Núñez Feijoo, y al ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaria, en los que se les informaba de que se trataba de una fundación «de competencia en esta comunidad» y que así lo habían confirmado «nuestros servicios jurídicos». En este sentido, se solicitaba su colaboración para «someter a esta entidad en el Registro de Fundaciones dependiente de la Conselleria de Presidència» y darle de baja en el registro del ministerio. Además, se hacía un llamamiento a la «lealtad institucional que permita regularizar los aspectos registrales que afectan a la fundación de Manacor».

En abril de ese año el director territorial del Insalud, Javier Rodrigo de Santos, contestaba al Govern y comunicaba que «no se puede acceder al cambio de inscripción registral que piden mientras no sean transferidas las competencias sanitarias..., pudiendo la Fundación Hospital de Manacor adoptar la condición, que de hecho ostenta, de ser una fundación de competencia estatal y estar sometida, por tanto, al superior control y protectorado del Ministerio de Sanidad y Consumo».

Ya en mayo, el director general de Patrimoni del Govern envió un nuevo requerimiento al Insalud señalándole que no se trata «ni es intención de esta Administración, ni por vía directa ni indirecta, asumir unas competencias que, en estos momentos no le son propias, como es ahora el caso de la asistencia sanitaria». Y sigue: «La única intención que nos mueve a exigir la inscripción de la Fundación Hospital de Manacor en el Registro de Fundaciones de la Comunitat es la de ejercitar y hacer cumplir las normas dictadas en el ejercicio de sus obligaciones, como consecuencia de las competencias que le atribuyen la Constitución y el Estatuto de Autonomía».

Desde entonces, no se ha recibido respuesta. Ahora el asunto ha sido puesto de nuevo en manos de los servicios jurídicos de la CAIB y se le remitirá al Insalud un escrito en el que se le advierte de que se atenga a las consecuencias si mantiene su incumplimiento. Unas consecuencias que podría conllevar la nulidad de todos los actos. Y es que, como ya le advertía el Govern al Insalud, «las fundaciones tienen personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública en el registro de fundaciones correspondientes» y en Balears todavía no se ha registrado.

Polémica por el control de la fundación
La polémica sobre la inscripción de la Fundación del Hospital de Manacor en Madrid o Balears "y por tanto de a quien corresponde su control" surge justamente cuando se acaba de anunciar que Son Llàtzer será una fundación. El director territorial del Insalud, Javier Rodrigo de Santos, expone en una de las cartas enviadas al respecto al Govern que el protectorado corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo. El informe jurídico de la CAIB no deja lugar a la duda y señala que «está sometida al régimen de protectorado de la Administración autonómica» y que puede adoptar las «acciones jurídicas que considere necesarias en defensa del Estatuto de Autonomía» para «someter la actuación de esta fundación a las normas registrales» y «promover la cancelación de las inscripciones que se hayan practicado en el registro estatal».

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