La construcción de un polígono industrial en Binissalem está causando enfrentamientos entre los diferentes grupos municipales (PSOE, PSM, PP). Mientras los socialistas están dispuestos a seguir adelante con la segunda fase del polígono industrial, sus socios de gobierno "PSM" creen que el suelo industrial previsto en esta segunda fase no es necesario por lo que debería clasificarse como rústico. Además, los nacionalistas coinciden con la oposición (PP) en que la promoción privada del polígono no es la más conveniente para las empresas del pueblo, ya que el capital del que disponen no es lo suficientemente amplio como para comprar parcelas.
El popular Joan Carles Torrens denuncia las pocas posibilidades que tienen los binissalemers para acceder al polígono, ya que «se llega a hablar de más de 30.000 pesetas a pagar por metro cuadrado». Así coincide con la opinión de Joan Torrens, del PSM, que cree que «el precio es prohibitivo», con lo que «se abortan las expectativas de las empresas locales que quieran trasladarse fuera del pueblo».
Por otra parte, el regidor de Urbanismo, Josep Maria Pons (PSOE), mantiene que «si todo va según lo previsto», la segunda fase del polígono podría empezar a desarrollarse en tres meses. En respuesta a la posible especulación de los terrenos, los socialistas tienen previsto estudiar una serie de medidas para que los vecinos paguen alrededor de unas 10.000 pesetas menos por metro cuadrado que el resto de empresas, tanto si ya están consolidadas en el pueblo como si se trata de empresas de nueva creación.
El PP denuncia que algunos particulares aprovecharán para comprar solares sin intención de construir para poder especular con el terreno. Nacionalistas y populares creen además que debería haber sido el Ajuntament el encargado de desarrollar el polígono en lugar de dejarlo en manos de una promotora privada que es la que causa, según Joan Carles Torrens, del encarecimiento del suelo. La zona donde se esta llevando a cabo la primera fase no ha estado exenta de polémica, ya que se instaló una chatarrería de manera ilegal y se realizaron vertidos de escombros, que fueron denunciados por el PP en su momento.