Bàrbara Mas, vecina de Maria de la Salut, ha denunciado irregularidades en la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la empresa local Fontisa a derribar dos tanques de gasóleo de gran capacidad ubicados a escasos diez centímetros de su vivienda. Aunque la sentencia data del año 97, nunca llegó a cumplirse y el cambio de la normativa urbanística municipal en el año 98 permitió la legalización del depósito. La vecina no entiende que puedan legalizar el depósito sin antes haber hecho cumplir la ley.
Según explica Bàrbara Mas, «la sentencia contempla que si la empresa no procedía al derribo debía ser el Ajuntament quien lo hiciera, pero éste se escudaba en que no había dinero». Aunque el proceso concluyó antes de que el alcalde, Jaume Mestre, ocupara la Alcaldía del municipio, la vecina se siente impotente y cree que han existido favoritismos porque Mestre trabaja para esta empresa. Por su parte, el alcalde ha explicado que «toda la tramitación sobre este asunto que ha hecho el Ajuntament se ajusta a la legalidad».