Esta sentencia ratifica el anterior fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de hace dos años y al que habían presentado recursos tanto el club náutico como la Comunitat Autònoma.
La historia de este litigio empezó hace cuatro años, cuando en junio de 1996 el GOB impugnó el proyecto y pidió la suspensión cautelar de las obras, que fue aceptada por el TSJB. La Comunitat Autònoma y el club promotor de la ampliación del puerto presentaron sendos recursos a este veredicto que fueron desestimados por el Tribunal Supremo el pasado 31 de enero.
El GOB denunció hace un año que el Govern no siguió «el procedimiento legal establecido» porque no hizo un estudio de impacto ambiental y el tribunal «consideró que este no es un simple trámite formal sino un aspecto básico reconocido por la ley y una garantía constitucional de primer orden».
Fuentes del club náutico de la Colònia de Sant Pere ha declarado que el estudio de impacto ambiental ya ha sido elaborado y ha sido remitido a la Conselleria de Medi Ambient para que lo revise y estudie.
El nuevo puerto deportivo supone la construcción de 300 nuevos amarres y esto, según el GOB, «supone un cambio radical en la fisonomía de la Colònia». Además, significa «un grave impacto paisajístico y la transformación de un paraje litoral de gran calidad y supone la pérdida de tranquilidad y del encanto del municipio».