El pleno del Ajuntament de Puigpunyent ha acordado presentar un recurso de alzada ante la Conselleria de Sanitat para intentar que le sea retirada la sanción de 200.000 pesetas (inicialmente era de 300.000) que esta institución impuso al Consistorio el pasado verano. El expediente se basaba en las graves anomalías detectadas en una inspección en el suministro de agua potable a la población. El actual equipo de gobierno (PSOE-PP) basa sus alegaciones en que las anomalías se produjeron en la anterior legislatura y en «la falta de preocupación y dedicación en este tema por parte del anterior equipo de gobierno» independiente.
También señala que los actuales concejales de la mayoría municipal no tuvieron en ningún momento constancia de la existencia de una orden de paralización en la actividad de los pozos y admiten que de haberlo sabido hubieran actuado de inmediato. Los hechos se remontan al pasado día 10 de junio, tres días antes de las últimas elecciones municipales. Ante la constancia de que el agua que se suministraba a la población presentaba una intensa turbidez y un intenso color marrón, la Conselleria de Sanitat envió a dos funcionarios a Puigpunyent para realizar una profunda inspección.
Con ellos se desplazaron hasta el pozo cercano al cementerio un técnico de la Junta d'Aigües, personal municipal y un representante de una empresa especializada en tratamiento de aguas. En aquel momento, este pozo era el único que suministraba al pueblo porque los demás estaban inutilizados. La inspección concluyó que el agua «huele intensamente a aguas residuales y el Ajuntament no dispone de agua de otro origen». Asimismo, se confirmaba que el agua se distribuía desde hacía dos semanas sin disponer de ninguna autorización sanitaria para su uso.