Més calcula que permitir construir en las áreas de transición de Palma implicaría un crecimiento potencial de hasta 380.000 habitantes en Palma, además de beneficios extraordinarios de 6.000 millones de euros para los promotores y propietarios de esos suelos, que con la clasificación actual (como suelo rústico común) son de escaso valor. Así lo ha expuesto la portavoz de Més, Neus Truyol, en una rueda de prensa en la que ha calificado de «operación urbanística sin precedentes» la nueva ley derivada del decreto de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) de Palma. Con todo, el Govern balear ha desmentido estas cifras (y también las del PSOE, más comedidas) porque «no todas las áreas van a ser susceptibles de poder desarrollarse».
El cálculo que hace Més toma como referencia el total de las áreas de transición de Palma, 1.742 hectáreas de suelo rústico. Hace unos días el PSOE hablaba de unas 360 hectáreas teniendo en cuenta los requisitos que de momento han plasmado el PP y Vox en sus enmiendas en el Parlament. En virtud del texto acordado entre los socios del Govern, estos suelos podrían desarrollarse y construir nuevos barrios. Tomando el total de áreas de transición, supondría multiplicar por siete las hectáreas de suelo urbanizable y abriría la puerta a un crecimiento de 135.000 viviendas, estima Més.
En tal caso, esto se traduciría en un crecimiento de 255.000 a 380.000 residentes. «Es como si creciera Palma como si le sumáramos 25 municipios de Mallorca. Implicará más atascos, necesitaríamos incrementar la red de transporte público, servicios... Pero todo este crecimiento no se plantea con una planificación de colegios, centros de salud o zonas verdes. Todo se apuesta a la vivienda, que es lo más lucrativo que hay ahora mismo en el mercado», ha denunciado Truyol.
Este crecimiento se concentraría en los alrededores de Son Ximelis, Son Rapinya, Son Vida, Son Anglada, Secar de la Real, Establiments, Sa Garriga, Son Espanyol, polígono de Son Castelló, Hospital Son Llàtzer, Son Rossinuol, Son Cladera y Pla de Sant Jordi. Truyol ha alertado especialmente sobre que se deje en manos de los promotores «si se desarrolla un área u otra»: «Los grandes millonarios deciden dónde se construye, de qué manera y a qué ritmo, en vez de la administración pública».
Para Més, se está «utilizando el drama de las familias como excusa para un gran movimiento especulativo», recordando que con el modelo de precio limitado una vivienda de 80 m2 podría situarse en 300.000 euros; una «hipoteca inasumible» para los ingresos medios de las familias en Palma. Así que, «si las viviendas no serán para las familias de Palma, nos preguntamos para quién». «Juegan al Monopoly con cartas marcadas donde ganan los de siempre, la banca y los grandes promotores inmobiliarios».
Discrepancias en las cifras
Las cifras discrepan con los cálculos que hacen en el PSOE y también las desmienten desde el Govern. El motivo es que en las enmiendas presentadas por PP y Vox al decreto se introducen algunas limitaciones y requisitos, pero Més los ha obviado por no fiarse de la letra pequeña al no estar incorporadas ya al texto (los ecosoberanistas sospechan que el PP está «presionando para ver hasta dónde puede llegar») y porque consideran que igualmente «estas 1.742 hectáreas están en peligro» a largo plazo: «Se está dando una señal a los grandes inversores para que comiencen a comprar estos terrenos donde se podrá acabar construyendo. Hoy lo compran a un precio que valdrá mucho más si estas operaciones se hacen efectivas».
El Govern rechaza las tesis de Més pero también las del PSOE. «Las cifras publicadas no tienen en cuenta los requisitos para que esas posibles áreas de transición sean susceptibles de desarrollar proyectos residenciales estratégicos», subrayan desde la Conselleria de Vivienda.
«No todas las áreas de transición van a ser susceptibles de poder desarrollarse a través de los PRE porque dependerá de diferentes requisitos. Por ejemplo, no podrán desarrollarse en zonas que colinden con vivienda unifamiliar, que no estén conectadas a suelos urbanos ejecutados o en zonas inundables», incide el Ejecutivo, que sostiene que el objetivo es lograr viviendas a precio asequible.
Además, «deben agotarse previamente los suelos urbanos y urbanizables». Palma todavía tiene, y sin embargo, el PP quiso introducir un cambio para permitir expresamente que la capital recurra a este suelo rústico; esa maniobra es justamente lo que hace recelar tanto a la oposición. Desde que entre en vigor la nueva ley, el Ajuntament tendrá un plazo de un año para abrir las áreas de transición mediante un acuerdo de pleno, o de otro modo, la posibilidad decae. Una posibilidad que Cort no aclara: el equipo de gobierno evita pronunciarse amparándose en que están pendientes de cómo queda el texto en el Parlament.
NEUS, tu vares esser Regidora de Urbanisme ...que vares fer ? Pues res de res per aixó estas a l, oposició, per inutil i ara només critiques els altres que el menys volen fer qualque cosa. MES PATETICS