El malestar interno en Emaya se acentúa. La empresa ha abierto un expediente disciplinario a su directora de Servicios Corporativos, el jefe de Recursos Humanos y la jefa de Servicios Jurídicos por hechos derivados del conflicto con los sindicalistas de USTE despedidos.
El origen de este proceso está en el volcado y análisis de unos chats de la ejecutiva de USTE a los que tuvieron acceso estos responsables de la empresa, un episodio por el que recientemente la Inspección de Trabajo requirió información a Emaya a raíz de una denuncia. El expediente acusa a la directora de haber presionado a trabajadores para que aportaran los chats y de haberlo ocultado a la cúpula de la empresa, y le imputa, junto a sus dos subordinados, una infracción muy grave que podría terminar en despido.
Una decisión que en el comité de empresa tachan de «persecución política». En las alegaciones que presentaron este martes los representantes sindicales recuerdan que Vox ha solicitado reiteradamente la destitución de estos trabajadores públicos (y la readmisión de los sindicalistas despedidos) y que la directora tomó parte en «decisiones laborales que afectaban a la esposa de un alto cargo del PP».
Por ello el comité pide la nulidad del expediente «por falta de proporcionalidad y prescripción». Respecto a los hechos que se atribuyen a los expedientados, el comité sostiene que los trabajadores que aportaron aquellos mensajes lo hicieron voluntariamente, sin «ningún tipo de acoso», sino que precisamente acudían al departamento para solicitar respaldo jurídico a la empresa por la situación que estaban viviendo. «La propia sección sindical USTE negó haber sido objeto de persecución» por parte de la directora expedientada. Además, «no hay constancia de uso, difusión, ni aprovechamiento alguno de dicha información», y «hasta la fecha, no se ha acreditado daño directo a terceros por las actuaciones llevadas a cabo presuntamente por parte de estos tres trabajadores», argumentan.
Desde el Ajuntament rechazaron realizar manifestaciones públicas por el momento, de un caso cuyas ramificaciones ya están en el Jugado (hay otro juicio penal pendiente, previsto para noviembre) además de la Inspección laboral. Cuando Vox insistía en el pleno sobre la readmisión de los sindicalistas despedidos, el regidor de Medi Natural y presidente de Emaya, Llorenç Bauzà, defendió firmemente la actuación del departamento al respecto.
Ese apoyo contrasta con el duro tono de la notificación del expediente (que firma el gerente, Lorenzo Morey), especialmente hacia la directora por razón de su cargo. Entiende la empresa (que ha tenido que recurrir a un abogado externo para estos trámites) que la directora habría vulnerado la intimidad de un sindicato con el que mantenía una particular litigiosidad, y además le reprocha haber protocolizado notarialmente parte del contenido de las conversaciones obtenidas con actas otorgadas a instancias de Emaya y con cargo a sus fondos.