Nada más ser aprobada la nueva normativa en el pleno del Ajuntament de Palma celebrado este jueves, miembros de la Plataforma Ordenanza (In)Cívica ya informaron en los pasillos que sería llevada a los tribunales de manera inmediata. Los portavoces de los caravanistas, Begoña Iglesias y Javier Gómez, advirtieron que «pretenden hacer de Palma Mónaco. No hemos sido convocados en ningún momento para la redacción de la ordenanza», señalaron y denunciaron que «la justifican con multas y represión».
Por su parte, la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, anticipó que «extinguiremos las vías para que no se aplique o se retire la ordenanza. Este Ajuntament gobierna para los ricos, porque les molestan los más vulnerables y llevan a cabo una política de exclusión residencial hacia los más vulnerables». Y advirtió ayer que el siguiente paso será llevarla a los tribunales «por cuestiones de forma. La ordenanza es calcada a la que aprobó el alcalde Mateo Isern, que luego fue tumbada por los juzgados».
El socialista Xisco Dalmau tildó de «código penal municipal» a la nueva ordenanza cívica y advirtió que «si las entidades presentan un contencioso, tendrán todo nuestro apoyo. Dentro de dos años, cuando gobernemos, la derogaremos». Lamentó que el equipo de gobierno «en lugar de dar respuesta al problema habitacional, se dedica a castigar», refiriéndose a las medidas que se plantean contra los asentamientos de caravanas.
La edil de Més Neus Truyol prometió «tumbar la ordenanza, tal y como hicimos hace diez años con Isern, porque es la misma aunque han añadido caravanas y patinetes». Truyol aseguró que «vamos a seguir trabajando con las entidades y vamos a ir hasta el fondo para tumbar la ordenanza abriendo todos los frentes que sean necesarios».
Gracias a plataformas de este tipo tenemos el desastre de ciudad que sufrimos cada día.