«En 2015 había 500 caravanas en Palma, hoy hay 5.000». Con este dato, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, justificaba la necesidad de atajar los problemas de convivencia derivados de asentamientos de autocaravanas en algunos puntos de la ciudad. La cifra procede, según han aclarado fuentes municipales, de un mapa que está elaborando el Ajuntament (que abarcará no sólo las caravanas sino también otras realidades).
«¿Es un problema? Sí. ¿Hay un problema social también? Hay que encarar las dos cosas, soluciones cívicas y soluciones sociales», ha sostenido, defendiendo el texto de la ordenanza cívica que ayer aprobó el pleno con carácter inicial, entre protestas de los caravanistas. Ahora se abre un periodo de exposición pública en el que la sociedad civil podrá formular alegaciones. «Vamos a ver cómo lo podemos gestionar todos. Estamos totalmente abiertos a que se pongan alternativas y soluciones, y estoy convencido de que si mejoran el objetivo de este Ajuntament se recogerán», ha señalado Martínez.
Por ello, Martínez ha invitado «a todas las asociaciones, plataformas y vecinos que participen, que nos trasladen qué alternativas consideran para que la ciudad se convierta en más segura, cívica y sin ruidos». Además, el alcalde ha puntualizado que cumplirán «todas las normativas supramunicipales», saliendo así al paso de las quejas de los caravanistas que entienden que el Ajuntament está obviando las disposiciones de la Dirección General de Tráfico en cuanto al uso de vehículos-vivienda. Igualmente, el alcalde ha remarcado que no tienen «ninguna línea roja» para llegar a acuerdos con otros grupos.
En cualquier caso, el primer edil incidía en que «lo que regula la ordenanza es que las autocaravanas, como cualquier vehículo, debe funcionar como un vehículo, y cualquier espacio público, sea una calle o un aparcamiento, no se puede ocupar». Lo cual «no quita» que haya que «identificar la problemática» de las personas vulnerables que viven en autocaravanas, y «encontrar una alternativa digna dentro de la legalidad».