El pleno del Ajuntament de Palma ha aprobado este jueves con carácter inicial la nueva ordenanza cívica, con el apoyo de PP y Vox. Una votación sin sorpresas, como tampoco ha sido una sorpresa la presencia de entidades ciudadanas que han acudido a la casa consistorial a protestar. La normativa regula cuestiones como las multas por pintadas vandálicas, patinetes, visitas turísticas guiadas por la ciudad y el uso de autocaravanas (uno de sus aspectos más controvertidos por el uso de estos vehículos para residir ante la carestía de vivienda).
El regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, ha defendido que la ordenanza tiene «un claro enfoque preventivo» y que «fomenta el diálogo, manteniendo el orden y promoviendo el respeto entre todos». «No se trata de restringir, sino de crear un espacio donde cada persona pueda convivir con seguridad. Aprobar esta ordenanza es un acto de compromiso con el presente y futuro de la ciudad», ha declarado.
Entre el público estaban activistas de Plataforma de Afectados por la Hipoteca, caravanistas (tanto con fines recreativos como residenciales) y artistas callejeros, que a las 11.00 horas habían convocado una protesta frente al Ajuntament. Pero antes, durante el debate, en los bancos se han escuchado murmullos de indignación, y luego abucheos, cuando el portavoz adjunto de Vox, Fulgencio Coll, afirmaba que la ordenanza «no pretende criminalizar a nadie» sino "protegernos de los criminales". El alcalde, Jaime Martínez, ha pedido al público que se mantuviera en silencio.
Desde la izquierda han insistido en que la ordenanza es una normativa «represiva y antidemocrática». El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha afirmado que «al alcalde los problemas de la ciudadanía no le importan nada» y que «sólo ofrece persecución, castigos y multas». Neus Truyol, de Més, denunciaba que el PP da "soluciones policiales a los problemas sociales«: »Quiere limpiar la ciudad de todo lo que molesta al PP y a Vox«. La regidora de Podem, Lucía Muñoz, ha acusado al PP de fomentar una »ordenanza aporofóbica que persigue a las personas más débiles de la ciudad«: »Hoy este Ajuntament le declara la guerra a los pobres".
Tras esta aprobación inicial, se abrirá un periodo de exposición pública en el que la sociedad civil podrá formular alegaciones. La aprobación definitiva está prevista para finales de marzo. Después, la normativa no entrará en vigor hasta su publicación en el Boletín Oficial (BOIB).
Biel1- Eso no es un derecho fundamental, es un principio rector, aunque entiendo que no le da a usted para comprender la diferencia. 2- Aunque fuese un derecho (que no lo es), en ningún sitio se especifica que el estado le tiene que poner a usted la casita donde le dé a usted la gana. Yo estoy a favor de que el estado ayude y proporcione viviendas sociales, pero debería ser donde sea barato mantener esas viviendas (España vaciada), no en uno de los sitios más demandados de toda Europa. Si quiere una casita en Mallorca, trabaje y se la compra, como hemos hecho el resto y si quiere que le paguemos los contribuyentes su casa pues tendrá que ser en la España vaciada.