Los caravanistas se plantean llevar al Ajuntament de Palma a los tribunales por la nueva ordenanza cívica, que prohíbe residir en estos vehículos y pone en marcha multas de 1.500 euros. Representantes de las 400 familias que viven en diferentes asentamientos de autocaravanas han acudido este jueves al pleno municipal para protestar contra esta normativa cívica, cuya aprobación se ha retrasado al primer trimestre de 2025.
Javier de las Heras ha advertido que tomarán medidas judiciales «si quieren pasar sobre la Dirección General de Tráfico (DGT), que a partir del 1 de enero en su nueva normativa iguala las autocaravanas con los turismos y por lo tanto les permite estacionar en la calle sin que nos impongan una sanción». El representante de este colectivo participó en el pleno visiblemente enfadado y advirtió al equipo de gobierno que «el problema no son las 400 caravanas que hay en el municipio, sino el problema de la vivienda, que es nacional. Usted [refiriéndose a Jaime Martínez] es un alcalde conflictivo». De las Heras aseguró que «la multa no es la solución. Nosotros somos simples ciudadanos. Puede que nos echen, pero habrá más caravanas».
Begoña, una de las residentes del asentamiento de Son Hugo, explicó que «si vivimos en una caravana con otros compañeros es porque no tenemos acceso a una vivienda digna y un alquiler asequible. Dentro de una caravana se vive y no dejamos elementos en el exterior y no ensuciamos». Esta ciudadana reprochó al equipo de gobierno que «lo que ustedes quieren es limpiar la ciudad de gente que les molesta, como los caravanistas».
También estuvo presente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la mano de Àngela Pons, que se mostró muy dura en el pleno: «Han entregado suelo público pagado por nosotros y en lugar de dárselo al Ibavi que lo destine a promociones sociales, se han comprometido con promotoras privadas», dijo en referencia a las 1.200 viviendas que se pondrán en marcha en suelos municipales.
Pons insistió en que «hay 200.000 familias que tienen trabajo y no pueden pagar ni 800 euros de alquiler. Y acaba de salir una promoción del Ibavi a 2.600 euros el metro cuadrado. ¿Esto es lo que quieren para nosotros? La gente necesita viviendas sociales y ustedes quieren una Palma limpia, pero limpia de personas que molestan».
Será la última vez que tanto los caravanistas como la PAH podrán participar en el pleno ya que a partir de enero solo podrán tener voz aquellas entidades que están inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC) que además tengan el distintivo de entidad de utilidad pública.
Artistas callejeros
Varios colectivos de artistas callejeros, como músicos y circenses, se han movilizado también contra la ordenanza. María Isabel Chavarino, de Professionals de la Música de Mallorca y Artistas de Calle Palma, ha cargado contra la «ambigüedad» de su redacción, que prevé sanciones cuando las actuaciones puedan causar «molestias» a los vecinos. «Hay una falta de definición de qué significa una molestia, crea inseguridad jurídica y puede generar interpretaciones subjetivas», advertía. La propuesta de los músicos es que la ordenanza se ciña a otras normativas ya vigentes que sí especifican parámetros objetivos como niveles de volumen máximo.
Por su parte, David Peralta, de Nou Circ Social, también ha considerado «confusa» y la ordenanza, que ha analizado con una inteligencia artificial: «La IA no tiene sentimientos pero es capaz de ver que se debe permitir a los artistas trabajar sin miedo. Ustedes pretenden criminalizar a las clases bajas». Peralta ha argumentado además que la normativa, en lo relativo a estos artistas, contradice las aspiraciones de Palma a capital cultural.