PSOE y Més per Palma han censurado este miércoles el plan de vivienda anunciado por el alcalde, Jaime Martínez, por el que ahora salen a licitación seis lotes de 363 viviendas en Palma. La izquierda se opone al modelo de cesión de suelo público a empresas privadas ya que entienden que lo procedente sería ceder el suelo al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) del Govern para que se construya vivienda pública gestionada por la administración. Además, ambos han presentado enmiendas con las que piden al PP destinar una partida en 2025 a la compra directa de vivienda para incrementar el parque público.
El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha considerado que «el drama de la vivienda no es una prioridad» para Martínez, al que ha acusado de «engañar» a los ciudadanos: «No entregarán ni una sola vivienda esta legislatura, se tardarán más de tres años en construir». Además, creen que el modelo concesional (los pisos serán gestionados por empresas privadas durante un máximo de 75 años) no garantiza «que el mantenimiento sea adecuado o que los precios sean justos». «900 euros para un piso de una habitación es un disparate», ha protestado el socialista.
El PSOE también exige aclarar quién y cómo determinará los beneficiarios que accederán a las viviendas, una decisión que «no se puede dejar en manos de empresas privadas». Por todo ello, en lugar de continuar con este plan, Ducrós ha instado al PP a «declarar Palma como zona tensionada y reducir los precios de alquiler, que son inalcanzables».
Por otro lado, el PSOE ha negado que en el pasado mandato no se pusieran en marcha viviendas públicas. En concreto, aseguran que se impulsó la construcción de 215 pisos en Palma (en aquellos casos el Ajuntament cedía el suelo al Ibavi y ahora es el municipio quien licita con una cesión de suelo a los promotores) de los que el PP «no ha entregado más de 100». Hace unos días denunciaban que hay varias obras paralizadas.
Con la misma tónica, la portavoz de Més, Neus Truyol, ha subrayado que la Ley de Vivienda permitiría fijar precios muy inferiores a los que ha mencionado Martínez a modo de ejemplo durante la rueda de prensa. «Un piso en el Coll d'en Rabassa, con las mismas características, podría tener un alquiler de entre 450 y 750 euros, hasta 300 euros más barato que la propuesta del PP». También ha expresado su preocupación por cómo se garantizará que las viviendas se destinen a quienes más lo necesitan: «Sin criterios sociales progresivos, una persona con ingresos altos podría acceder, mientras que familias vulnerables quedarían fuera. Ya han hecho una rebaja fiscal para los ricos, y ahora sólo faltaría que el Ajuntament haga viviendas para quienes más tienen».
Los ecosoberanistas también desconfían de la exigencia en la calidad y eficiencia energética de las viviendas. En Més vaticinan que «los promotores construirán barato para tener mayores beneficios si no utilizan materiales duraderos», lo que en unos años se traducirá en «pisos deteriorados que requerirán inversiones públicas millonarias para reformarlos».