Unos 260 campos de fútbol. Es la superficie que representan las 185 hectáreas de suelo rústico que consumen doce centrales industriales fotovoltaicas actualmente en trámite dentro del término municipal de Palma. El ‘boom’ de la placas solares preocupa a los vecinos de las zonas afectadas por los proyectos, que a través de la plataforma ‘Renovables sí, pero així no’ pedirán a Cort, en el próximo pleno, que defienda una moratoria en suelo rústico. La entidad mantuvo una serie de reuniones con los grupos políticos de Cort y Més es quien formaliza la iniciativa con una moción. Representantes del GOB y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, como miembros de la plataforma, tienen previsto intervenir en la sesión.
«En Son Espanyol están prisioneros de placas por todas partes, en un terreno que era fértil y estaba cultivado», denuncia la Federación. Actualmente, en este barrio a las afueras de Palma hay varios proyectos de gran envergadura que flanquean las casas por dos frentes. Los trabajos han implicado allanar las fincas y arrancar árboles, y las obras, muy próximas a la zona de viviendas, generan molestias a los vecinos. «Algunos han tenido que poner toallas en las ventanas para que no entrara polvo, hoy parecía que había niebla. Apenas veíamos las montañas», se queja una residente, que no quiere que el paisaje agrícola que conocía quede reducido a extensiones de placas solares. Otro gran proyecto en marcha en Palma está en Puntiró, donde según la plataforma está previsto instalar 200.000 placas sobre 91 hectáreas. La entidad cree que antes que recurrir al suelo rústico se deberían aprovechar otros espacios como las medianas de las autopistas, grandes aparcamientos y cubiertas en el puerto o el aeropuerto.
Por ello, la plataforma busca un posicionamiento político del Ajuntament para que éste pida al Govern una moratoria, con una suspensión de la tramitación de proyectos. La idea es mantenerla hasta que se desarrolle una planificación que defina el modelo para evitar la proliferación «improvisada» actual. Con todo, la entidad ya promovió esta misma iniciativa en el Consell y fracasó por la falta de apoyo de PP y Vox. Además de la moratoria, también piden retirar la consideración de estos parques como proyectos industriales estratégicos porque esa categoría hace que los ayuntamientos no intervengan «ni para dar la licencia». «Las prerrogativas municipales sobre el territorio quedan anulados y ya no pueden abrir la boca», avisan.
«La energía no se debe comer agricultura y biodiversidad. No podemos solucionar un problema creando otros igual de graves», dijo la portavoz de Més, Neus Truyol. Los ecosoberanistas sostienen que las administraciones, incluido el Ajuntament, no pueden permanecer «sumisas» y al margen. «La transición energética no puede ir a costa de la destrucción del territorio», añadió la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz.