Tanto PSOE como Podemos se han mostrado muy críticos con el anuncio de la rebaja fiscal anunciada por PP y Vox este miércoles, que «no afectará a la gran mayoría de las familias de Palma». Los socialistas advirtieron que el proyecto de ordenanzas fiscales revela que «PP y VOX no gobiernan para toda la ciudad, sino para una parte de la población, la de mayor poder adquisitivo, a las que sí afectarán las medidas anunciadas».
El portavoz socialista, Xisco Ducrós, señaló que «la práctica totalidad de las familias de Palma no se verán afectadas por el anuncio fiscal de PP–VOX. Un ejemplo: una familia de un barrio como el Rafal de cuatro miembros seguirá pagando el mismo IBI, es decir, no podrá acogerse a ninguna de las medidas anunciadas. A cambio, perderá la posibilidad de tener más policías, más mejoras en su barrio como nuevas zonas deportivas o más frecuencias de autobuses y nuevas líneas, entre otros».
«Con el dinero que Cort dejará de ingresar podrían contratarse 110 policías locales para incrementar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas; 25 chóferes de la EMT para ampliar las líneas y mejorar las frecuencias o acondicionar climáticamente los colegios de Palma para luchar contra el calor que padecen nuestros hijos», aseguró Ducrós.
Los socialistas consideran que con este anuncio «se vacía la hucha de fondos públicos, que pone en riesgo la calidad de nuestros servicios esenciales. Menos recursos significan menos inversión en educación, sanidad y seguridad. No podemos permitir que nuestras necesidades básicas se vean comprometidas», afirmó Ducrós.
Por otro lado, los beneficios «son desiguales». La última medida del PP en Palma «únicamente está dirigida a los que más tienen, dejando de lado a las familias trabajadoras. Es una acción que amplía la brecha de desigualdad en nuestra ciudad. Necesitamos una gestión de los recursos públicos que beneficie a todos, no solo a unos pocos privilegiados», dijo el portavoz socialista. Para Ducrós, «el PP, bajo la presión de VOX, está hipotecando el futuro de Palma. Al ceder a las exigencias de sus socios, están vaciando las arcas municipales y comprometiendo la calidad de nuestros servicios públicos. Palma necesita una gestión responsable, no un gobierno rehén que pone en riesgo el bienestar de sus ciudadanos».
Por su parte, Lucía Muñoz, de Podemos, denunció «el recorte de 11 millones de PP y Vox, que se ríen de la gente que no puede pagar el alquiler, perdonándole impuestos al sector inmobiliario y anunciándolo como un ahorro para las familias. No es un ahorro de 11 millones, son 11 millones que el Ajuntament dejará de ingresar por una bajada de impuestos a quienes más tienen. Y por tanto van a tener que recortar en servicios públicos».
Muñoz advirtió que «han sido incapaces de explicar cómo van a mantener la salud fiscal del Ajuntament. El año que viene vendrán los recortes y las medidas anunciadas se basan en planteamientos económicos que están superados. En hipótesis muy viejas de economistas neoliberales. No hay evidencia empírica que respalde que la bajada de impuestos que aumente la actividad económica y que mantengan el suelo de ingresos, como ha dicho el señor Esteban».
Muñoz aseguró que «después de la rebaja de impuestos a los ricos vienen los recortes a los pobres, lo que ellos consideran gastos superfluos. Es llamativo que un gobierno que necesita datos para regular la saturación turística, luego toma decisiones en fiscalidad basadas únicamente en posicionamientos ideológicos que la realidad ha pasado por encima hace muchos años. Una decisión puramente ideológica que va en contra del bien común, de la mayoría social, y que solo va a beneficiar a unos pocos. Es lo que intentan vender como buena gestión y que beneficiará a unos pocos y afectará a muchos».
La portavoz de Podemos señaló que «la reforma fiscal debe abordarse con seriedad y y no como un reparto de cromos entre los partidos de derechas que beneficia al sector inmobiliario mientras estamos viviendo un colapso turístico, emergencia habitacional y una crisis climática».