El PP llevó ayer al pleno una moción en el pleno del Ajuntament de Palma para desarrollar un protocolo para actuar ante las okupaciones ilegales de inmuebles particulares. El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, justificó este medida, que quedó aprobada con el apoyo de Vox, al señalar que «la okupación supone una alteración de la convivencia vecinal y supone un problema de inseguridad e incivismo». Fidalgo advirtió que «se están llevando a cabo propuestas similares en otras ciudades, incluso con el apoyo de partidos de izquierda».
Neus Truyol, concejala de Més, replicó que «es una propuesta esteril porque ya existen procedimientos para recuperdar la vivienda. En unas horas la Policía Nacional y la Policía Local actúan y se puede recuperar la vivienda». Truyol consideró que esta medida se aprobó «para evitar hablar del abuso de precios».
Y dijo que «se han incrementado un 7 por ciento los desahucios en la Isla, en España bajaron un 21 por ciento: no hay tanta presión por los precios en la Península». Por su parte, el regidor Fulgencio Coll (Vox) dijo que «si hacemos una ley antiokupas, saldrán decenas de miles de viviendas al mercado».
Con esta iniciativa pretenden «dar herramientas eficientes a los agentes para la actuación en este ámbito». Y además, también se quiere «reforzar políticamente sus actuaciones en aplicación de nuevos y eficientes procedimientos de actuación, tal y como ya se están haciendo en otros ayuntamientos, como es el caso de Badalona o Mataró». En el caso de Badalona, gobierna el alcalde ‘popular' Xavier Albiol, mientras que la segunda ciudad está dirigida por el socialista David Bote, que el mes pasado puso en marcha la Oficina de Atención e Intervención en Ocupaciones.