A las puertas de la temporada alta, hasta 40 empleados fijo-discontinuos de una empresa de transporte discrecional de Mallorca ya han anunciado que no vienen a trabajar por culpa del precio de la vivienda. Así lo denuncia Diego, empleado de esta empresa que se ha visto obligado a vivir en una autocaravana en un barrio de Palma. Sin embargo, las últimas medidas del Ajuntament de Pallma le están llevando a tomar la determinación de largarse de la Isla.
Junto a Més per Palma, Diego, Pep y Javier, que residen en autocaravanas, han denunciado las políticas persecutorias del Ajuntament de Palma contra las autocaravanas, que han proliferado en diferentes enclaves de la ciuidad por el encarecimiento de la vivienda. Estas tres personas se han visto obligadas a optar por ellas, pese a que cuentan con trabajo fijo y nómina.
«El alcalde de Palma, Jaime Martínez, nos ha declarado la guerra. Me hablan de multas de mil euros cuando con mi pensión no me alcanza para vivir en un piso», denuncia Javier, mientras que Diego lamenta que «el Ajuntament de Palma no nos ofrece una solución ni un espacio tipificado para asentar nuestras autocaravamas, ni en suelo particular ni en suelo público». Advierte que si hace diez años pagaban 650 euros por un piso, «pero ahora es lo que nos piden por una habitación o incluso un trastero. Por eso muchos compañeros han dicho que se quedan en la Península».
La regidora de Més, Neus Truyol, denunció las políticas del Ajuntament de Palma: «Hay personas que viven en caravanas y no llegan a final de mes por culpa de los precios desorbitados. Por eso presentamos para el próximo pleno una moción donde denunciamos las políticas represivas del Ajuntament de Palma contra colectivos vulnerable, que habla de incrementar las multas por vivir en caravanas y una mayor represión policial».
«Por un lado, el equipo de gobierno no quiere poner medidas para poner límites a los precios de la vivienda, hay personas con trabajo y buenos ingresos, que han cotizado, pero en esta situación del mercado inmobiliario, se están viendo expulsados. La única alternativa que les queda a algunos es vivir en una caravana».
El Ajuntament de Palma está avanzando en una nueva normativa cívica en la que impondrá severas multas que van de los 750 a los 1.500 euros por vivir en una caravana estacionada en una calle de Palma. «En lugar de buscar una solución, están poniendo multas. Además, el Ajuntament está impidiendo el empadronamiento de estas personas porque exigen en la documentación que tienen que presentar que estén al corriente del pago del alquiler». Truyol denunció que «el Ajuntament está obligado a empadronar a todo el mundo, ya sea en una vivienda de alquiler, en una caravana o a un sin techo».
La regidora de Més recordó que el empadronamiento «es un paso previo para acceder a derechos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios de la EMT. Ninguna de estas personas viviría en una autocaravana si pudiera».
Sin servicios no hay paraíso me encanta que los planes salgan bien ya los guiris se sirvan ellos