La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha incoado un expediente sancionador a dos empresas postales por la aparición de más de 6.000 cartas, la mayoría de ellas multas municipales y facturas. Los sobres aparecieron tirados en descampados, en el torrent de Can Barberà o cerca de Son Pardo. El pasado mes de febrero, el organismo incoó un nuevo expediente que plantea una posible infracción muy grave contra la Ley Postal. La responsabilidad económica para las empresas está en multas entre 80.001 euros y 400.000 y la administración puede incluso revocarles la autorización para operar.
Las cartas aparecieron en el otoño de 2022 en medio de las denuncias de ciudadanos a los que les llegaban multas en vía ejecutiva que nunca les habían sido notificadas. El Grupo de Investigación de Centro de la Policía Nacional recontó 5.354 cartas arrojadas, a las que se suman otras 1.404 que recogió la Policía Local. El informe con el hallazgo fue remitido por la Delegación del Gobierno a la Comisión Nacional.
El expediente sancionador en torno a las empresas CI Postal e Hispapost estuvo paralizado durante meses mientras un juzgado de Instrucción de Palma investigaba un posible delito. La causa principal por los miles de cartas finalmente se archivó por falta de autor conocido del delito. Sí permanecen vivas otras dos diligencias en las que hay imputados trabajadores de CEI Postal. Están pendientes de juicio y, recientemente, Fiscalía ha pedido que la empresa sea expulsada como acusación particular y tenida solo como posible responsable. Sin embargo, esa posible condena penal solo afecta a unas decenas de envíos.
Con el archivo se han reactivado las acciones administrativas contra ambas empresas. Ambas rechazan cualquier culpa en las cartas amontonadas. La representación de Hispapost descarga toda la responsabilidad en CI Postal dado que niegan que existiera una relación laboral suya con los trabajadores que tenían encomendada la entrega de la correspondencia. Según la versión de esta empresa su relación con CI Postal se limitaba a un «contrato verbal» por el que le subcontrataba la entrega de determinada correspondencia. También alegan que, una vez descubierto el abandono de las cartas, resolvió esa relación comercial.
Las cartas encontradas en descampados fueron devueltas a Hispapost en el año 2022 por la Policía Nacional con autorización del juzgado para que fueran entregadas a sus destinatarios.
Por su parte, CI Postal rechaza también que derive una responsabilidad de su actuación. Los trabajadores que han estado imputados en la causa justificaron su decisión de deshacerse de las cartas en las condiciones laborales que marcaba la mercantil que hacían imposible cumplir con los envíos, por lo que optaron por no cumplir con todas las rutas y arrojar las cartas.
Estas empresas DEBEN pagar los millones de euros que nos han costado a los palmesanos, con el beneplácito del pacte para sus chanchullos Los trabajadores que las tiraron a la cárcel Es un hecho MUY GRAVE y deben pagar por ello