«Estamos buscando piso para alquilar, pero nos piden más de 600 euros por una habitación y no quieren niños. O son todo viviendas vacacionales». María está buscando una solución urgente en la selva inmobiliaria de Palma, sobre todo después de recibir la orden de desahucio del Ajuntament de Palma para abandonar el parque de Son Malferit, donde vive desde hace más de cinco años con sus hijos, de catorce y tres años.
La habitante del parque tiene ocho días para abandonar la parcela de 10.000 metros cuadrados donde el Consistorio instalará un punto verde y un punto de descarga de aguas negras de autocaravanas.
María, que vende en el rastro, y su marido Ramón se enfrentan ahora a un desahucio mientras lamentan la falta de ayudas. «Aquí vivimos con otra familia, una abuela de 65 años que trabaja en la limpieza y su nieto, de veinte años», explican. Son los expulsados del mercado inmobiliario palmesano.
«Hemos pedido ayuda cinco veces y no me han dado ninguna. Me dicen que me faltan papeles, firmas... Yo no sé, pero no tengo ninguna paga y no puedo trabajar de camarera de pisos después de que me atropellaran y me pusieran clavos en la espalda». Las empresas requieren camareras «que sean muy rápidas y yo ya no lo soy», dice con cierto pesimismo. Afirma que la opción que le ha dado la asistente social es irse a un albergue quince días: «Luego, nos iríamos a la calle. ¿Dónde dormiremos? Me quitarán a los niños».
El día de Nochebuena les llegó el aviso del Consistorio con la obligación de abandonar este inmueble municipal. Han conseguido crear un hogar entre dos casetas y «mi marido, como ha trabajado en la obra, ha construido algo más. Tenemos todo cerrado para que no entren a hacer botellón. Antes venían aquí incluso de Son Banya y estaba lleno de yonquis».
El Ajuntament de Palma acordó ayer el desalojo de una familia de este solar municipal para instalar un punto verde. Así lo acordó ayer en junta de gobierno, donde han desestimado las alegaciones de las personas ocupantes del inmueble municipal situado en la calle Son Pobanya. La familia tiene ocho días para desalojar esta propiedad pública.
La portavoz del Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, señaló que «este solar no es residencial pero está okupado. No reúne las condiciones para ser habitable». María ya ha dejado entrar en el solar a la Policía Local y a operarios de Emaya, que han iniciado los primeros trabajos para construir un punto verde. Esta mujer afirma que está empadronada en este solar y Ramón, que es afilador y ha sido instalador de gas, recuerda que «hace veinte años se vivía mejor en Palma».