La Oficina de Antidesahucios del Ajuntament de Palma es testigo directo de los graves problemas de vivienda que se sufren en el municipio. Esta Oficina, además, se convertira además también en la Oficina de Antiokupación, tal y como se acordó en el pacto programático entre PP y Vox y se aprobó en el pleno.
Margalida Cladera, directora de la oficina, advierte que «desde que se anunció su creación, han venido tres personas a pedir información para desokupar su vivienda. No sé qué esperan esta oficina, la orden de desahucio la tiene que dar un juez. Tendrán que decirnos cuáles son sus nuevas funciones pero no creo que haya mucha demanda».
«Cuando alguien se acerca y nos dice que le han okupado una vivienda, le informamos de los trámites que deben que llevar a cabo: tiene que ir a la Policía Local y poner una demanda judicial», explica Cladera. Y además, señala que «no intervenimos cuando se lleva a cabo una okupación ilegal, porque entendemos que es un delito. Incluso cuando el propietario es un gran tenedor».
En todo 2023 se manejaron 417 expedientes de personas que buscaban vivienda, mientras que 82 se referían a okupaciones ilegales. Muchos anuncios inmobiliarios niegan el alquiler a familias con niños, ya que los propietarios creen de manera errónea que es imposible desahuciarlos. Sin embargo, «sí que se desahucian familias con niños»
«La especulación no debería permitirse. Rentistas siempre ha habido pero ahora hay profesores o policías que no pueden venir a trabajar. ¿Dónde van a ir? Esta gente alquila ahora una habitación pero ya no les sale a cuenta», informa Cladera. El perfil de las personas que acuden a la Oficina Antidesahucios es de familias con trabajo a los que se les acaba el contrato de alquiler, no pueden asumir la nueva subida y buscan una alternativa. «Tienen ingresos fijos, buenos sueldos, pero no pueden acceder al mercado inmobiliario por los altos precios», afirma la directora de la Oficina.
En estas dependencias municipales también se acercan propietarios a los que también se les informa. «El Real Decreto de Vivienda decreta que si hay un desahucio parado, pueden pedir una compensación mientras no cobran», señala Cladera. Mientras tanto, el merado inmobiliario sigue recalentándose y los alquileres se han disparado más de un 50 por ciento.
Compartir
«Mucha gente viene aquí y no tiene ninguna deuda con el propietario. Nos piden alternativas pero no las tenemos, apenas hay viviendas municipales y la lista de espera del Ibavi es descomunal», informa la directora. Las opciones pasan por compartir piso entre varias familias, llegando a sumar hasta doce personas en una misma vivienda. «Se alquilan habitaciones por 700 euros», denuncia Cladera, que al final, «como trabajadora social les planteo irse a la Península. Al final aquí no se puede vivir aunque tengas trabajo con un buen salario».
La Oficina de Antidesahucios recibe cada día «diez solicitudes de informes de vulnerabilidad de familias que viven en pisos de grandes tenedores». Se trata del primer paso para intentar el desahucio. Y ahí la Oficina entra en juego: «Tenemos que citar a las familias para informarles y hacer el infome de vulnerabilidad». Muchas de estas viviendas de grandes tenedores son de fondos buitre que los compraron a entidades financieras, se encuentran en zonas vulnerables como Son Gotleu, Cala Major, Pere Garau o Corea. «Algunos bancos parece que nos dejan hacer alquiler social», señala.