Ataques de ansiedad, depresión, impotencia, ... Hay una epidemia silenciosa en la ciudad de la que no hay cifras pero se multiplica por todos los rincones. Es el llamado desahucio silencioso, en el que los inquilinos de alquileres que podían pagar se encuentran con una subida de hasta el 60 por ciento y tienen que salir al mercado inmobiliario de Palma en busca de una nueva vivienda. Y, malas noticias para muchos, no hay vivienda al alcance de los bolsillos de muchas familias.
Hace unas semanas, M. lanzó un mensaje de auxilio en Facebook: «Socorro, me echan de mi piso y estoy buscando vivienda». Esta semana M. no era capaz de hablar: «Tengo ansiedad, mi médico me ha dicho que necesito tranquilidad». La situación inmobiliaria se traslada ahora a las consultas médicas. Un estudio de 25 metros cuadrados se cotiza a 800 euros, uno de dos habitaciones, a partir de 1.100. Las condiciones, además, son leoninas: no se admiten mascotas, nóminas requeridas que superen los 1.600 euros para un estudio en Son Gotleu, informes de la empresa y anteriores caseros, adelantos de seis meses, vetos a inmigrantes y autónomos, ...
Marc Masmiquel es uno de los afectados por la súbita subida de los precios de alquiler. «Mi dueño nos había puesto un alquiler ético, lo justo para que pudiera pagar la hipoteca. Durante 15 años hemos pagado 550 euros en la calle Prusiana por un piso antiguo, que dentro de lo que es Santa Catalina era una suerte. Pero en mayo nos avisó de que vendía el piso y nos pusimos a buscar alquiler».
La experiencia de buscar en los portales inmobiliarios fue «infame. No te contestan ni un 10 por ciento de los anuncios. Se pasan por el ‘forro' la nueva Ley de Vivienda y te piden a ti como inquilino que hagas frente al pago del mes de pago de la inmobiliaria, que ahora debe ser cosa del propietario».
Los precios, advierte Masmiquel, eran desoladores: «Pagamos más del doble, 1.200 euros por un piso de dos dormitorios en la zona de Blanquerna. Es un piso antiguo dividido entre dos, mide 70 metros cuadrados». Con una niña pequeña y un gato, se encontró con serios hándicaps para pasar el filtro de los dueños de pisos en alquiler. «Estamos contentos porque el piso está en buenas condiciones, es de un alemán que no vive en la Isla y ha invertido en vivienda».
Pero para poder hacer frente al alquiler «mi pareja y yo somos ahora pluriempleados. Yo soy diseñador gráfico y ahora también trabajo para una empresa. Y mi mi mujer es profesora de refuerzo de la memoria para personas mayores y ahora trabaja también como kelly en un hotel de lujo en el Casc Antic».
El catedrático de Geografía de la UIB, Jesús M. González, experto en desigualdad urbana y gentrificación, es contundente: «El gran problema es la vivienda y su solución es muy compleja. Su precio debería estar marcado por el valor de uso, pero en Palma y en toda Mallorca tiene un valor especulativo. El precio de la vivienda no está marcado por la oferta y la demanda, el único que lo rige es la demanda porque hay expectativa de ganar dinero».
Si en otras comunidades existe al menos la posibilidades de huir a los pueblos o incluso a otras provincias, aquí no hay escapatoria: «Toda Mallorca es el área metropolitana de Palma y los precios no bajan aunque te alejes».
González advierte de la influencia especulativa en el mercado inmobiliario de los fondos buitre: «Blackstone es el mayor fondo de inversión en el mundo y tiene presencia en la Isla, pero son muy oscuros y es difícil saber qué tienen pero donde compras es en barrios muy pobres como el de Son Gotleu. Las viviendas son muy baratas, compran directamente a los bancos que habían embargado al pinchar la burbuja inmobiliaria».
Los desahucios silenciosos o invisibles, según González, «expulsa igual que los desahucios judiciales por el nuevo valor especulativo de la vivienda, lo que está provocando que haya una brecha social en la ciudad. Mantener cierta calidad de vida con dos suelos es muy difícil para las clases medias y bajas».
Esther Olondriz es otra de las afectadas por la subida de los precios, en su caso de los locales comerciales. «Tengo un estudio en La Soledat donde trabajo y pago 200 euros. El problema es que estoy sola y tengo miedo, quería buscar un local, pero y está todo comprado y cerrado. Los guardan porque creen que la zona será como Nou Llevant».
El local comercial se ha convertido además en vivienda improvisada y futuro piso reconvertido, gracias al decreto de emergencia habitacional. «Si antes pdían 500, ahora piden 700. Tengo amigos que al final se ha ido a Teruel. Si tuviese 40 años había lo mismo», dice Olondriz.