El caso del urbanismo ilegal de El Hoyo no es el único. En una situación similar se encuentran Son Fiol o una parte de s'Olivaret, también en el municipio de Palma, así como «muchas casas construidas junto a la incineradora de Son Reus», recuerdan desde la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Fuentes de la entidad explican que «hubo gente que compró un terreno rústico, comenzó con una caseta de aperos, pagaron multas y al final la legalizo. Como no la derriban, al final se consolida y este sistema se ha usado durante muchos años».
El crecimiento urbanístico desordenado de épocas pasadas ha provocado que ahora alrededor de 40.000 vecinos de Palma residan en urbanizaciones ilegales que tienen algún tipo de irregularidad urbanística. Según un informe aportado en un juzgado de lo Penal de Palma en un juicio por un delito contra la ordenación del territorio, se pone de manifiesto que hay en torno a un centenar de asentamientos que no se ajustan al planeamiento y que en sentido estricto deberían ser demolidos.
La presidenta de la Federació, Maribel Alcázar, «en teoría se podrían reclamar derribos de estas urbanizaciones ilegales. En el nuevo Plan General no se menciona a algunos de estos asentamientos y a otros se les pretende legalizar». Alcázar advierte de la necesidad de hacer cumplir la ley, «si no, todo el mundo haría de su capa un sayo. Así está el urbanismo de Palma, que es un desastre, especialmente en los años 60 y 70. Pero se siguen dando licencias para verdaderas aberraciones».
El objetivo del control urbanístico, dice, es «que esto no sea ‘can Bum'. Es necesario ir hacia una ciudad compacta, no dispersa como en Son Gual, que no debería haberse legalizado».