«Hay que reducir el gasto. ¿Qué hace la Oficina [de la Defensora de la Ciudadanía] que no podamos hacer nosotros? Nada». Con estas palabras justificaba el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, el cese del director adjunto de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, Vicente Rodrigo y la eliminación de esta plaza. La medida, ejecutada por el gobierno del PP, se tomó en cumplimiento del acuerdo programático firmado con la extrema derecha, pese a las reticencias que siempre tuvieron los ‘populares'.
«No se trata de suprimir sino de evitar que un organismo haga el trabajo que ya se hace en el pleno de Cort, con quienes hemos sido elegidos para representar a los ciudadanos», añadió Coll quien defendió que «el equipo de gobierno tiene más falta de medios que los de la Defensora». Lo hizo durante el debate en pleno de dos mociones presentadas por PSOE y Més per Palma para defender esta entidad.
También el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals, que agrupa 46 entidades lanzó ayer un comunicado en el mismo sentido, mostrando su «profunda preocupación» al «ataque injustificable del govern».
La presidenta de la Federació de Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, defendió «una Oficina incómoda», por ser «una puerta abierta a los ciudadanos», aunque «quizá hay gente acostumbrada a mandar que no acepta críticas», añadió.