El alcalde de Palma, Jaime Martínez, tiene la intención de cerrar durante esta legislatura la polémica con las canteras de Sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló y recuperar los espacios para el municipio ya sea por la vía de la negociación o por la de la expropiación, según confirmaron fuentes de su entorno cercano. Para ello, el primer edil tiene previsto implicar tanto al Govern balear como al Consell Insular y que las tres administraciones, previa negociación con los propietarios, adquieran los terrenos para destinarlos a espacios verdes, se ha llegado a hablar de un gran parque, o algún tipo de equipamiento municipal.
Las mismas fuentes recuerdan que todos los partidos con presencia en Cort han apoyado, durante la pasada legislatura, hasta dos resoluciones en las que se instaba a los otros dos gobiernos a colaborar con la compra y recuperación de las canteras de Establiments y apuntan que la iniciativa encaja «perfectamente» con los objetivos del impuesto turístico o ecotasa. Cabe recordar que la plataforma ciudadana que rechaza el proyecto de restauración propuesto por la propiedad al considerarlo «una explotación encubierta» ha convocado numerosas movilizaciones estos años y ha conseguido, como ya se ha citado, la unanimidad de todos los representantes políticos en el pleno del Ajuntament.
También, en los últimos meses, ha conseguido el respaldo del Consell hasta ahora liderado por la socialista Catalina Cladera, que el pasado mes de abril apoyó una moción, también por unanimidad, en este sentido. Sin embargo, la plataforma no consiguió el apoyo del Govern, cuya Comissió de Medi Ambient avaló con unos informes favorables «buena parte» según denuncian los vecinos, de la rehabilitación propuesta por los dueños del espacio.
En este sentido valoraron positivamente que el Govern no permitiera la comercialización de 400.000 metros cúbicos de material de acopio y prohibiera el uso de explosivos, pero criticaron que se autorizara el vertido de ocho millones de toneladas de material inerte en la zona «ya que no hay ninguna empresa en las Islas que pueda suministrarlas» y que los trabajos autorizados provocarán el paso de unos 35.000 camiones al año, uno cada dos minutos, en una carretera estrecha no habilitada para el paso de vehículos pesados.
En el caso de que las negociaciones para la compra con la empresa Terra Holding no llegaran a buen puerto Martínez tiene previsto aplicar la otra vía, la de la expropiación forzosa, aunque esta opción puede dilatar el proceso un mínimo de dos años. La Agencia Tributaria estima que el valor del suelo de las canteras está entre los 300.000 y 400.000 euros, según comentaron en su día los vecinos, y una negociación con la propiedad para comprarlas puede elevar su precio a una cantidad en varios millones de euros, según lo que quiera pedir la propiedad.