La defensora de la Ciutadania asegura que el Ajuntament de Palma «vulnera» los derechos de los ciudadanos al no notificar las multas por correo electrónico a los usuarios que lo han solicitado oficialmente. De esta forma, Anna Moilanen, recrimina a Cort el agravio, recuerda que los ciudadanos tienen derecho a escoger la forma de comunicarse con el Consistorio según el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo y asegura que este incumplimiento puede hacer que la notificación quede invalidada y el expediente archivado.
Esta es una de las recomendaciones oficiales que ha hecho la defensora al equipo de gobierno municipal y ha surgido tras la polémica por la notificación de multas por parte de Consistorio. Se ha demostrado que, en al menos 24 casos, personal de CI Postal no entregó las sanciones y falsificó el acuse de recibo. Esto provocó que los afectados no tuvieran conocimientos de los hechos «hasta que la multa ha pasado a la vía ejecutiva y se procede al embargo». Moilanen, en este sentido, asegura que ha tenido conocimiento, vía queja ciudadana, de, al menos, 15 casos pero fuentes oficiosas hablan de «cientos» de afectados, hasta tal punto que se ha creado una plataforma.
La defensora argumenta que esta vulneración de derechos no se hubiera producido si Cort hubiera atendido las peticiones de los ciudadanos de recibir las notificaciones por la vía telemática y apunta que la Dirección General de Tráfico, DGT, anunció que a partir de noviembre de 2022 «deja de enviar notificaciones en papel a las personas jurídicas».
También reitera que la forma de la comunicación con el Ajuntament la tiene que escoger el ciudadano, «no al revés» y asegura que ya en el año 2020 el servicio de multas reconocía, «que no estaban preparados para hacer este tipo de notificaciones». Moilanen afirma que dicho departamento ha pedido recursos para notificar todas las multas por mail «en numerosas ocasiones» y que los medios de Cort permiten la comunicación digital de forma puntual, «pero no el envío masivo de los miles de expedientes de multas que se abren cada semana.
Por último Moilanen asegura que si la notificación no es eficaz los actos administrativos son nulos. Asimismo, remarcó que el Ajuntament tiene que poner los medios para adaptarse a la normativa facilitando la notificación telemática «que evitaría situaciones como las vividas con los afectados por la polémica con las sanciones». También asegura que si las multas se enviaran por mail, «ya no sería obligatorio publicarlas en el BOCAIB».