La responsabilidad penal por la destrucción de multas del Ajuntament de Palma que nunca llegaron a sus destinatarios queda reducida a dos empleados de la empresa de reparto. La magistrada encargada de la instrucción ha dictado un auto en el que archiva las actuaciones para tres de los cinco investigados: se trata de la gerente de la empresa Correo Inteligente Postal y otras dos empleadas sospechosas.
El archivo, informado favorablemente por la Fiscalía, responde a que, de lo investigado, solo se desprende una actuación independiente por parte de cada uno de estos repartidores. Ambos están imputados por un delito de falsedad documental: firmaban en un dispositivo como si fueran los ciudadanos afectados y, de esta manera se daba por efectuada la notificación. Después se desprendían de las denuncias y las destruían.
Respecto a la gerente de la empresa, representada por el abogado Juan Ballester, se descarta que participara o que incluso conociera lo que hacían los dos empleados. Los dos trabajadores exculpados tuvieron un papel mucho más reducido y hay dudas de que fueran ellos quienes hicieron desaparecer una denuncia en concreto dado que, en ese momento, se compartía el dispositivo de registro de las firmas.
De los dos que quedan, uno reconoció desde un primer momento en sus declaraciones policial y judicial que suplantó la firma para aligerar trabajo y que hizo desaparecer las notificaciones. El otro lo reconoció pero de forma poco concreta. El primero tendrá que comparecer de nuevo ante el juzgado de Instrucción para declarar ante una nueva denuncia. En total son quince los afectados que han recurrido al procedimiento penal.
El auto judicial señala que, por motivos prácticos y dado que los dos imputados no actuaron de mutuo acuerdo, ambos serán juzgados por separado. En la causa está personada como acusación particular la propia empresa de mensajería. El periodo al que se refiere la investigación policial está centrado a principios del año 2020.
Solo multas
Este procedimiento solo afecta a las multas que debía entregar Correo Inteligente Postal, no están incluida en la misma los centenares de comunicaciones municipales que han aparecido tiradas en colectores. Este no es la única vía por la que han optado los afectados a la hora de reclamar por las multas. Además hay varios procedimientos presentados en los juzgados de lo Contencioso Administrativo para reclamar la nulidad de las sanciones por falta de notificación.
La falta de notificación impidió a los afectados pagar las multas con descuento y se encontraron con las sanciones ya en vía ejecutiva o, incluso, a través de embargos directos.
El apunte
Demanda conjunta de un centenar de afectados para anular las multas
En paralelo al procedimiento penal, al menos un centenar de afectados por la desaparición de las comunicaciones de multas se han coordinado para presentar una demanda conjunta al Ajuntament. En el recurso sostienen que, la falta de notificación hace que sea nulo todo el procedimiento posterior. Reclaman al juzgado que orden la retroacción de las sanciones a ese momento y que sean notificadas nuevamente las multas para que puedan alegar o pagar de manera reducida.