La Asociación Hotelera de la Playa de Palma pide a Cort y al Ayuntamiento de Llucmajor que soliciten al Consell de Mallorca más competencias para cumplir la ley contra los excesos turísticos. La patronal quiere que los dos consistorios hagan como el de Calvià, que ya dispone de una convenio para cerrar de forma cautelar locales de Magaluf que vendan alcohol entre las 21.30 horas y las 8 horas del día siguiente, que es cuando la normativa prohibe hacerlo. «Esta medida puede ser muy efectiva porque los procedimientos administrativos se suelen alargar y no disuaden a los infractores, pero los cierren cautelares, sí», considera la presidenta de la asociación hotelera, Isabel Vidal. Suele haber empresarios que, pese a haber sido sancionados, continúan incumpliendo el decreto que limita el horario de venta de alcohol mientras se tramita la multa.
Cabe decir que aunque los dos ayuntamientos no dispongan de este convenio, el Consell de Mallorca, que desde enero tiene las competencias de ordenación turística, es el encargado de actuar. Esto incluye la posibilidad de que efectúe cierres preventivos. Aun así, Vidal cree que es mejor que lo hagan los propios consistorios. De hecho, este es uno de los argumentos que defendió el Ajuntament de Calvià para pedir estas competencias. La presidenta de la patronal avanza que están preparando un escrito solicitando a los dos municipios que inicien negociaciones al respecto. «No entendemos por qué Calvià da grandes pasos mientras Palma y Llucmajor no lo hacen», dice Vidal. El decreto contra los excesos, aprobado hace dos años, también veta la oferta de barras libres y excursiones etílicas en las zonas turísticas que concentran los actos incívicos, com son Magaluf y la zona de costa entre Can Pastilla, s'Arenal y Son Verí Nou. Esta área abarca los municipios de Palma y Llucmajor. Además, la normativa también incluye una zona de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza.
El pleno de la institución insular validó hace dos semanas el acuerdo con el consistorio calvianer para que éste pueda, además de levantar actas de sanción, gestionarlas y establecer los cierres preventivos cuando sea necesario. «Con las ordenanzas de convivencia no se pueden cerrar locales y las sanciones no siempre han servido; lo que realmente sanciona es no poder operar esta actividad», defendió en el pleno el conseller insular de Turisme, Andreu Serra. «Poder establecer medidas preventivas en determinados establecimientos de manera rápida permitirá ser realmente efectivos», afirmó Serra.