Hoy en día, todo es delito. Lo decía con tristeza de abogado profundo y repetía con sorna de liberal convencido el insigne penalista Gabriel Garcías, recientemente fallecido. Y de la certeza y lucidez de sus palabras vamos teniendo evidencias día a día. A este paso nos dirigimos hacia una realidad futura en que no sería nada raro que se nos impute por respirar en demasía hurtándole así aire puro al vecino.
Una de las últimas evidencias de la profecía Garcías es que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por delito ambiental para la regidora palmesana Neus Truyol por vertidos contaminantes en la bahía por parte de Emaya entre 2016 y 2018. Precisamente durante estos dos años –cuando es público que estos vertidos en nuestra hiperexplotada bahía se remontan a hace más de treinta años y afectan a todos los responsables democráticos que han pasado por la empresa municipal de aguas y alcantarillado– es que se trata de un problema que abarca toda la historia de Palma, desde la fundación de la ciudad por Cecilio Metelo en el 123 antes de Cristo. Pero para la Fiscalía todo se centra en un puñado de meses, cuando Truyol estuvo al frente de esta dificilísima responsabilidad, casi imposible en aquel momento.
Bien está que las instituciones, incluido el Ministerio Público, aúnen esfuerzos para erradicar o al menos paliar tan endémico asunto. Pero con tacto y finura democrática. No metiendo de por medio petición de cárcel a una candidata a la Alcaldía de Palma en una cuestión en la que aparentemente no existe dolo, es decir, intención de echar mierda entre Cap Enderrocat y Cala Figuera. Ni tampoco culpa porque Truyol tuvo que pechar con los instrumentos técnicos heredados de otras administraciones anteriores en una ciudad que sobre todo en verano crece y se hincha como un globo.
Acertaba el doctor Garcías: «Hoy en día, todo es delito». Y lo peor es que en los asuntos públicos siempre hay un beneficiario político de la imputación del prójimo.