El informe del departamento de Residuos del Consell Insular sobre el proyecto de rehabilitación de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló es contundente, no existe en la Isla capacidad para suministrar las seis millones de toneladas de material inerte que, según los propietarios, son necesarias para restaurar las explotaciones, tal y como confirmó la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Maribel Alcázar. Cabe recordar que ambas canteras fueron clausuradas en el 2005 y que la propiedad tenía que presentar un proyecto para restaurarlas. El problema llegó cuando la empresa Terral Holding lo presentó con una vigencia de 30 años y pretendiendo continuar con las labores extractivas de material, precisamente, para restaurarlas.
Los vecinos de la zona se organizaron y, a través de la Federación, iniciaron una campaña para evitar la aprobación de un proyecto que ya había recibido un informe técnico favorable. Las movilizaciones se sucedieron y consiguieron el apoyo de todos los grupos del Ajuntament de Palma, quien defendió sus tesis ante la Comissió de Medi Ambient del Govern. Este organismo, dependiente de la Conselleria del área, es el que tiene que aprobar, o no, el informe de restauración y, ante la oposición conjunta de vecinos y Cort, decidió pedir un informe al Consell Insular antes de tomar una decisión.
El informe ya está hecho, y niega las tesis de la propiedad pero, aunque el tema no ha estado en el orden del día de la Comisió que se ha celebrado esta semana, Alcázar confía «que se tenga en cuenta y se deniegue un proyecto de restauración que esconde una nueva actividad industrial en la zona». La representante vecinal recuerda que para cumplir los objetivos que propone la empresa «tendrá que pasar un camión de gran tonelaje por la carretera d acceso, que sólo tiene cinco metros, cada dos minutos y medio y eso durante 30 años».
Al parecer, según apunta, el informe cuestiona la capacidad de Mac Insular para satisfacer la demanda de material inerte necesario, más de 220.000 toneladas anuales durante 30 años, toda vez que su concesión acaba en el año 2028. Asimismo el Consell asegura que los propietarios tenían que haber pedido un informe previo a la tramitación del proyecto ya que incluye una nueva actividad industrial al incluir la opción de poner una planta de tratamiento y la opción de comercializar el material que tiene almacenado. La presidenta de la Federación asegura que no aceptarán se que permita utilizar las antiguas canteras como vertederos y asegura que Medi Ambient tiene que decidir si prefiere que prevalezcan «los intereses de una empresa o el de los vecinos».