Con 54 años, Esperança Marí ha sobrevivido a cinco lanzamientos por impago del alquiler de su piso en Son Gotleu. La pandemia la arrasó por completo y no pudo empezar a trabajar en la temporada de 2020. En paro desde hace tres años, al igual que su marido, es el fiel reflejo de una kelly que sobrevive como puede a la crisis económica de la COVID. Y, por si no fuera suficiente, sufre los daños físicos de llevar dos décadas dedicada a los trabajos más duros. «Ahora no puedo trabajar. Estoy pendiente de una operación porque tengo los ligamentos de los hombros destrozados y, además, los meniscos hechos polvo», relata Marí.
Su ingresos prepandemia ya eran bastante precarios: 900 euros de su marido que trabajaba en la construcción y 600 euros de ella como limpiadora. Ahora, tras acumular meses de desempleo como una losa, apenas son capaces de reunir 800 euros en total. Y con dos hijas a su cargo. «Tuve que dejar de pagar el alquiler de 600 euros con la pandemia. Era eso o comer», explica Marí, acostumbrada a hacer malabares con la economía doméstica. Soportaron varios intentos de desahucio hasta que Marí halló una solución en la Oficina Antidesnonament gracias al Fons Social d'Habitatges.
«Ahora vivimos en un piso de la calle Aragó y entre el alquiler y los suministros pagamos 400 euros. No puedo permitirme ni un piso en Son Gotleu». Los otros 400 euros los dedican a vivir, aunque «no comemos carne ni pescado, son demasiado caros». Aunque considera que el piso es demasiado pequeño para su familia, Marí solo tiene palabras de agradecimiento para el Ajuntament. «Ahora estoy más tranquila y mis hijas, también», mientras sentencia que «yo no soy pobre, yo soy precaria».