En Palma, como en toda la Isla, se está viviendo una ecuación perversa: al imparable encarecimiento de la vivienda se ha sumado una crisis económica derivada de la pandemia que se ha cebado especialmente con una población que sobrevive con empleos precarios. El año pasado, el área de Model de Ciutat de Cort ofreció 16 viviendas a familias que viven situaciones de insolvencia sobrevenida.
«Estas viviendas municipales se han dado a familias que no eran beneficiarias de los servicios sociales, pero que tienen que acudir a ellos porque la vida les ha jugado una mala pasada», señaló el director general de Habitatge, Josep Maria Rigo. Con la aplicación del protocolo del Fons Social d'Habitatges Municipals se ha ido creando una especie de tapón para solventar los casos más graves de familias que se han visto sin ingresos y, por ende, sin techo. El Ajuntament gestiona 400 viviendas públicas y, cuando quedan liberadas, se van adjudicando a los casos más graves.
Pobreza cronificada
«Casos de desahucio, violencia o gente remitida por Afers Socials son los destinatarios de estas viviendas», señaló Rigo. Mientras en Palma se cronifica la pobreza, muchos han vivido un desplome de sus ingresos, sobre todo trabajadores de servicios y hostelería, que ya sufrían una precariedad previa o se han topado con problemas familiares como separaciones o fallecimientos. Los jóvenes y las personas mayores que pagaban alquileres de renta antigua y les renuevan el contrato a precios de mercado también entran en este perfil vulnerable. «Con el brutal encarecimiento del precio de alquiler, estas personas están fuera del mercado. Solo para conseguir la entrada de un alquiler de un piso muy barato, de 600 euros mensuales, tienen que adelantar entre 3.000 y 4.000 euros para entrar a vivir. Y los propietarios exigen nóminas e ingresos fijos», explicó Rigo.
El director general de Habitatge explicó que el Ibavi está construyendo viviendas públicas, pero la demanda es urgente y «las listas son largas». Si bien se recomienda que el coste de la vivienda suponga solo el 30 por ciento de los ingresos familiares, en Palma se están viendo precios medios de hasta 12 euros el metro cuadrado. Así, un piso de 100 metros cuadrados alcanza los 1.200 euros mensuales. «Están muy por encima del nivel de renta de los ciudadanos. Palma concentra el 40 por ciento de la población de Balears y los precios son desorbitados. Son necesarios dos salarios para poder vivir», señaló Rigo. Cuando falla un sueldo, empiezan los problemas. Si faltan los dos, como ha ocurrido durante la pandemia, es una catástrofe. «La percepción que tenemos es que aunque hubo una contención de precios de vivienda al principio de la pandemia del 10 por ciento, ahora han subido mucho más. Y las rentas familiares se han desplomado», sentenció Rigo. Las cuentas no salen en muchos hogares de Ciutat.
El apunte
Atención para 177 familias precarias desde el año 2013
Gemma MarchenaEl Fons Social d’Habitatges Municipals está destinado a adjudicar pisos públicos a personas y familias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Gestionado por el Patronat Municipal de l’Habitatge, en colaboración con el personal técnico del área de Benestar i Drets Socials y la Oficina Antidesnonaments, se evalúan los casos que llegan a las oficinas de servicios sociales. Desde 2013 la comisión técnica ha atendido 277 propuestas presentadas, de las cuales 177 (el 62 por ciento) cumplieron los requisitos del protocolo y fueron adjudicatarios de viviendas sociales.